La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes la vista oral contra, entre otros, el alcalde de Cantoria (Almería), Pedro Llamas (PP), quien se enfrenta a una pena de tres años de prisión, así como a diez años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la construcción de cuatro viviendas unifamiliares.

El fiscal va a interesar para el regidor, que se sentará en el banquillo ante el tribunal de la Sección Segunda junto a dos empresarios y un arquitecto técnico, inhabilitación por nueve años por un presunto delito continuado de prevaricación y otros 15 meses por supuesta omisión en el deber de perseguir delitos. A estas se suma la petición de cárcel como autor de un presunto delito de falsedad documental.

Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que la actuación administrativa que dio lugar a la incoación del procedimiento se remonta al año 2006 tras la construcción de cuatro viviendas unifamiliares sobre un terreno agrícola ubicado en la parcela 200, polígono 29 del paraje Terreras, en la pedanía de Arroyo de Albanchez.

Según consta en las actuaciones, los inmuebles, adquiridos por residentes británicos que están personados en la causa como perjudicados ya que la Fiscalía solicita su derribo, se levantaron en "suelo no urbanizable, sin licencia municipal de obras y sin estar vinculadas a ninguna explotación agrícola, forestal o ganadera, y por tanto, con carácter puramente residencial y no suceptibles de autorización".

El Ministerio Público, en virtud de las diligencias practicadas por los agentes de la Policía Autonómica tras el expediente de disciplina urbanística incoado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, considera, asimismo, que Llamas, "a sabiendas" de que no contaban con permiso de obras y licencia de primera ocupación, expidió autorizaciones para dotarlos de servicios de luz y agua.

La defensa del regidor ha trasladado su confianza en poder acreditar durante la vista oral que los hechos recogidos en el escrito de calificación fiscal "no se ajustan a la realidad" y ha puntualizado que la imputación del delito de falsedad documental responde a un error de interpretación de las manifestaciones efectuadas por Llamas durante la instrucción.