El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado que el momento actual "exige la máxima responsabilidad" de todos los poderes públicos para "mediar entre las fuerzas del mercado y las necesidades reales de los ciudadanos" y, por tanto, para "defender la hegemonía de la política en la toma de decisiones que puede afectar a grandes consensos democráticos".

Así lo ha expresado Griñán durante la inauguración en Cádiz de la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, donde ha considerado negativo el "permitir que la actuación de las reglas de los mercados lleguen a convertirse en un derecho superior a los derechos constitucionales".

Y es que está convencido de que "en Europa, la persistencia de la crisis financiera internacional está incidiendo no sólo en las estructuras económicas, sino también en el procedimientos democráticos en la toma de decisiones", llamando la atención sobre que "la política se ha visto a veces condicionada, si no subordinada, a las exigencias de los mercados financieros".

Alude el presidente de la Junta de Andalucía a las "tensiones históricas entre libertades y desigualdades", subrayando que "la máxima aspiración de las sociedades democráticas debe consistir en conjugar esas dimensiones de la acción humana".

Opina que "está en juego un modelo de convivencia que ha tenido un enorme éxito en términos históricos de paz social y paz política". Así, en una "complicada" situación económica como la actual, "las políticas públicas tienen que servir para frenar los peores efectos de la crisis y el empobrecimiento de las familias".

En lo referente a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, Griñán ha aludido al avance democrático de los países que la componen, que "sobre los ejes de la democracia y los derechos humanos" han constituido una "fructífera relación" que ha sustentado un proceso común de "ambiciosos objetivos".

A su juicio, "el más urgente de todos" esos objetivos en este momento es "el consenso en torno a la necesidad de impulsar la educación como factor de progreso", defendiendo que es "el instrumento político más potente para hacer ciudadanía, para incluir a todos y que puedan vivir en una sociedad de derechos".