El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido un recurso presentado por cincuenta senadores del PSOE contra el proyecto del Gobierno de Esperanza Aguirre de privatizar la mitad del Canal de Isabel II.

A través de una providencia con fecha del 8 de mayo pasado, el TC ha resuelto admitir a trámite el procedimiento contra algunos artículos de la llamada "ley de acompañamiento" a los Presupuestos de la Comunidad, aprobada en diciembre de 2011 por la Asamblea de Madrid y que aluden a la salida a Bolsa del 49% de la empresa pública de suministro de aguas.

Tal como establece la ley, el Constitucional da traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid y a la Asamblea de Madrid, para que puedan hacer las alegaciones oportunas.

El recurso, defendido por el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, tiene como finalidad "frenar eso que ha decidido el Gobierno del PP, el Gobierno de la señora (Esperanza) Aguirre, que es privatizar el aguade todos los madrileños". Para Adrián Martín,

gerente del Canal el TC ha admitido el recurso de manera puramente formal, porque cumple los requisitos, "no porque ponga en cuestión el proceso".

Martín hizo estas declaraciones en la Comisión de Vicepresidencia, Cultura y Deporte de la Asamblea de Madrid. En este foro, donde compareció a petición del PSM, la diputada socialista Amparo Valcarce le pidió que facilite los informes encargados por el Gobierno regional sobre la valoración de la compañía antes de su salida a Bolsa y que habrían costado 114.000 euros.

Según Valcarce, se trata de cinco informes encargados por el Canal, el 26 de marzo de 2010, a cuatro consultoras sobre estudios previos para comenzar el proceso de privatización. Al BBVA le encargaron dos informes sobre el asesoramiento financiero y sobre los servicios de consultoría y valoración de acciones; a Tinsa, el asesoramiento sobre los bienes patrimoniales, a Rothschild sobre el contenido económico y a Cuatrecasas sobre el asesoramiento legal.

El responsable únicamnete concretó que todos los trabajos e informes previos servirán para fundamentar la propuesta de 'capitalización' a presentar al Consejo del Canal de Isabel II, que, tras su aprobación, se elevará al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, también para su aprobación.

Tanto los partidos de la oposición, como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, los sindicatos, los trabajadores y varios colectivos sociales se muestran en contra de que una parte de la compañía, que registra beneficios cada año, pase a manos privadas.

Estos colectivos impulsaron en el mes de marzo una consulta popular en la que participaron 167.710 madrileños. De estos, 165.860 personas, el 98,8%, se mostraron en contra de la operación.