El Gobierno de Canarias ha asumido este miércoles el "compromiso" de resolver el conflicto abierto en Tenerife entre guachinches y restauradores con la creación una comisión de trabajo que estudie una normativa legal que fije su regulación, en principio a través de las áreas de Turismo o Agricultura.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, la viceconsejera de Administraciones Públicas, Carmen Nieves Rodríguez, ha reconocido que la solución "no es fácil", pero ha advertido de que hay que garantizar que los usuarios de los guachinches se beneficien de medidas sanitarias y de seguridad, y se elimine la competencia desleal.

Tras reunirse con representantes del Cabildo, empresarios, viticultores y ayuntamientos del norte de Tenerife, ha comentado que "no se parte de cero" porque hay una regulación impulsada por la corporación insular, "pero no es suficiente".

El consejero de Agricultura del Cabildo, José Joaquín Bethencourt, ha lamentado que no se haya podido regular la actividad que ha llegado a límites "insostenibles" con unos 1.000 establecimientos distribuidos por toda la isla.

Bethencourt ha insistido en que el protagonista debe ser "el vino de cosecha propia" para evitar la competencia desleal de los restaurantes ilegales, y cree que no habrá una solución en los próximos seis meses.

"Hay ayuntamientos a los que ha servido nuestra regulación y otros quieren tener más seguridad jurídica. Es un fracaso de todos, pero creo que tiene remedio pese a la crisis económica", ha explicado.

El gerente de Asviten, Valerio García, ha dicho que los propios viticultores quieren tener "amparo legal" para desarrollar la actividad del guachinche, y ha advertido de que la isla "no se puede permitir" que se sigan cultivando las viñas. "Los guachinches producen más de 3 millones de litros de vino al año y muchas familias dependen de esto para subsistir", ha comentado.

Según los cálculos de Asviten, solo entre el Valle de La Orotava y la comarca de Tacoronte-Acentejo hay unos 400 guachinches, de los que el 80 por ciento son viticultores pero apenas un cinco por ciento cunplen la limitación de tres meses de apertura y tres platos de comida a la venta.

DOCUMENTACIÓN

El gerente de la asociación empresarial Apymevo, José Fernando Plasencia, ha lamentado la "falta de coraje" de algunos ayuntamientos, como el de La Orotava, "que pasa olímpicamente", y se ha propuesto abrir un "tiempo de paz" si los consistorios se comprometen a "vigilar" a los guachinches hasta que se cree la nueva normativa.

"Este es un problema grave si hay una intoxicación o se pega fuego un guachinche. A mí que me cojan confesado, pero no voy a prender fuego. Si esto no se arregla vamos a empezar a denunciar", ha comentado.

La alcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP), ha apuntado que en la villa norteña hay unos 90 guachinches y que muchos han cerrado porque no han cumplido con la documentación requerida por el Ayuntamiento, mientras que otros se han dado de alta como bodegones para no cumplir las limitaciones que recomienda el Cabildo.