El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a la tramitación de la Proposición de Ley (PL) por la que se modifica la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León, presentada en las Cortes por los tres grupos parlamentarios.

Según ha recordado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, una de las modificaciones incluidas en el texto de la Proposición de Ley planteada por los tres grupos parlamentarios afecta al número de firmas exigido para ejercer la Iniciativa Legislativa Popular, pues se requerirá el uno por ciento de los electores del censo autonómico vigente el día de la presentación, cuando hasta el momento era necesario el respaldo de al menos 25.000 electores.

Se mantiene el requisito de que los electores correspondan a la mayoría de las circunscripciones electorales de la Comunidad que representen cada una de ellas, como mínimo el uno por ciento del respectivo censo provincial.

También se suprime como causa de inadmisión a trámite de las iniciativas legislativas presentadas el hecho de que exista previamente una Proposición No de Ley aprobada por las Cortes en la misma legislatura con idéntico objeto y se amplía el plazo de seis a nueve meses para la recogida y entrega de firmas a la Junta Electoral de Castilla y León y se posibilita su recogida mediante el sistema de firma electrónica.

El portavoz ha recordado además que se introduce la obligatoriedad de que las proposiciones de ley se incluyan efectivamente en el orden del día del Pleno de las Cortes en el plazo máximo de seis meses.

A partir de ahora, los promotores tendrán la posibilidad de dirigirse a la Cámara para presentar la Proposición de Ley en el debate para su toma en consideración. También se incorpora la posibilidad de conversión de la iniciativa legislativa en una petición ante las Cortes de Castilla y León en el plazo de un mes en el supuesto de inadmisión.

En la nueva modificación se introducen mejoras de carácter técnico y procedimental y se clarifican diversos aspectos de la norma vigente: se flexibiliza el sistema de verificación de firmas que se efectuará a través de la Oficina del Censo Electoral sin necesidad de aportación de certificado previo junto a los pliegos que contengan la proposición; se hace constar expresamente la necesidad de que los pliegos estén escritos en castellano; y se aclaran aspectos procedimentales relativos a la regulación del supuesto de inadmisión de la proposición presentada.