La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde este lunes a dos hombres, uno de ellos abogado, a los que la Fiscalía acusa de estafar a inversores a los que ofrecían la oportunidad de invertir en supuestos proyectos inmobiliarios, garantizándoles una alta rentabilidad y la devolución del capital invertido o la entrega de una propiedad por ese valor.

Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, uno de los acusados junto a otro hombre, contra el que no se dirige acusación al estar en ignorado paradero, eran socios en una empresa radicada en la localidad malagueña de Marbella y realizaban esas ofertas a inversores extranjeros.

Con el fin de "aparentar una solvencia de la que carecían y ganarse la confianza de los inversores", supuestamente simulaban que las sociedades que tenían "eran propietarias de un gran número de inmuebles" localizados en Bahamas, Venezuela y Estepona, "que garantizarían la inversión", según considera la acusación pública en sus conclusiones provisionales.

Asimismo, supuestamente ofrecía como garantía la intervención de un abogado, el otro acusado que será juzgado, según sostiene el ministerio fiscal, quien "de común acuerdo" con los otros y "a sabiendas de la argucia", supuestamente colaboró con los anteriores "simulando" ante los inversores "ser garantía del buen fin del dinero invertido".

La sociedad fue concertando varios contratos con personas "a los que inicialmente les pagaban los intereses que se habían convenido con el propio dinero que los inversores habían entregado", señala la Fiscalía, logrando así que aquellos entregaran más dinero "en la creencia de que estaban obteniendo una alta y rápida rentabilidad" y captar otros nuevos.

Así, también iban disponiendo del capital "hasta agotar el dinero, dejando impagados el resto de intereses a los que se habían comprometido y sin que restituyeran lo invertido" de al menos nueve personas, que habrían entregado distintas cantidades de dinero, en pesetas, dólares y libras esterlinas, apunta la acusación pública en su escrito.

Para el fiscal se trata de un delito de estafa, del que acusa a ambos procesados, solicitando para cada uno las penas de seis años de prisión, multa de 18.000 euros y el pago a los perjudicados de las cantidades supuestamente defraudadas. El juicio se iba a celebrar en marzo pasado, pero se suspendió para este lunes día 14 y este martes día 15 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia.