El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia, ha iniciado una queja de oficio para acometer la que considera una "necesaria actualización de la normativa preconstitucional que regula la disciplina en las Universidades".

Según explica el Defensor en su queja, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito universitario está regulado actualmente en el decreto de 8 de septiembre de 1954, una normativa preconstitucional, cuya aplicación en los tiempos actuales no deja de suscitar gran polémica y bastante rechazo en el seno de la comunidad universitaria, por mas que su vigencia cuente con refrendo jurisprudencial".

Por ello, y tras reunirse recientemente con los representantes de las Defensorías universitarias de las Universidades públicas de Andalucía para poner en común problemas que se están detectando en las distintas academias, Chamizo considera "necesario" la actualización de esta normativa y no solo por su "falta de adecuación a las exigencias de un estado democrático" sino porque, además, "ésta presenta notorias carencias para su aplicación a situaciones que actualmente se producen en el ámbito de la disciplina académica, como es el caso del uso de las nuevas tecnologías para copiar exámenes, la tenencia y uso de móviles y otros dispositivos electrónicos en clase o la suplantación de personalidades".

También preocupa a Chamizo y a los defensores universitarios "las dificultades que esta normativa presenta a la hora de corregir situaciones cotidianas de indisciplina o ruptura de la convivencia académica", por lo que proponen sustituir el decreto vigente de 1954 y fijar "un marco de referencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito universitario, salvaguardando el principio de legalidad en la tipificación de infracciones y sanciones".

Y ello, además de para establecer una normativa constitucional, porque también resulta necesaria "por cuanto ya se ha superado el plazo de un año establecido a tal fin en el Estatuto del Estudiante" de 30 de diciembre de 2010, alerta Chamizo en su queja. Es decir, que pasado este plazo y no habiéndose realizado dicha actualización, el Defensor andaluz ha considerado "oportuno trasladar la cuestión al Defensor del Pueblo, como Comisionado de las Cortes Generales, para transmitirle los problemas derivados de la situación de desfase normativo existente y someter a su consideración la posibilidad de que pida al Ministerio de Educación la agilización de los trámites necesarios para remitir el proyecto de normas básicas sobre disciplina académica a las Cortes".

En el mismo sentido, la Defensoría que dirige Chamizo ha pedido a la Dirección General de Universidades de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía que "traslade esta iniciativa a los organismos de coordinación de la política universitaria a nivel estatal".

Las nuevas normas

Según la Defensoría del Pueblo andaluz, el nuevo marco normativo que se apruebe próximamente para las academias de la comunidad debería posibilitar la redacción de unas normas propias y actualizadas de cada Universidad "que permitiesen una más correcta identificación y actualización de las conductas que serían deseables por parte de cada uno de los sectores que conforman la comunidad universitaria".

Por ello, y como paso previo a la redacción de una normativa general, recomienda a las Universidades que aprueben "unas normas de convivencia internas que permitan delimitar las reglas de comportamiento y actuación de los distintos sectores que conforman la comunidad universitaria". De este modo, "la posterior aprobación de la normativa básica estatal permitiría la corrección disciplinaria de las conductas contrarias a dichas normas de convivencia, con la cobertura del principio de tipicidad, para los supuestos de infracciones cuya concreción reglamentaria se remita a cada Universidad".

Con este objetivo, la Defensoría andaluza se ha dirigido ya a los distintos Rectorados de las Universidades públicas de Andalucía solicitando información respecto a las normas con que ya pudieran contar, las incidencias que se hubiesen producido a consecuencia del desfase normativo denunciado, así como valoración de cada Universidad acerca de la propuesta de aprobación de unas normas propias de convivencia dentro del actual marco normativo, en el caso de que no contasen con las mismas.