El PRC enmienda a la totalidad la ley de recortes del Gobierno por "injustificada, injusta, innecesaria e inconveniente"

De la Sierra afirma que es "un totum revolutum que no solucionará nada" y cree el ahorro de 157 millones está establecido "a boleo"
Rafael De La Sierra
Rafael De La Sierra
EUROPA PRESS
Rafael De La Sierra

El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una enmienda a la totalidad para que el Gobierno de Cantabria retire la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, el llamado plan de recortes, al considerarla "injustificada, injusta, innecesaria e inconveniente".

El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, considera que el proyecto legal remitido al Parlamento es "un totum revolutum que no solucionará nada", entre otras razones porque carece de "justificación económica suficiente". De hecho, el ahorro derivado de todos los recortes previstos y cifrado en 157 millones de euros "no ha sido motivado en ninguna memoria, estudio o informe", y ni siquiera por los propios miembros del Gobierno, ya que los consejeros "han manifestado reiteradamente en el Parlamento que desconocen el alcance económico de las medidas propuestas".

En consecuencia y a su juicio, "solo cabe la conclusión" de que ese ahorro "ha sido establecido a boleo y sin base económica alguna", con "una frivolidad y una ligereza impropias de una norma que establece unas medidas tan duras y tan antisociales".

Pero además, el portavoz regionalista cree que el proyecto legal incluye medidas "absolutamente inaceptables" en este momento, como la reducción de los periodos para percibir la Renta Social Básica y el establecimiento de un plazo de seis meses entre la solicitud y la recepción de la ayuda. "Estamos hablando de familias sin ningún tipo de recurso, por lo que esta norma es injusta y contraria al más elemental criterio de solidaridad", ha valorado.

También ha rechazado la modificación fiscal prevista, con "aumentos brutales" en la tasa de recogida de basuras, el canon de saneamiento de agua y la tasa por revisión del grado de incapacidad, que afectarán "a todas las personas por igual, en contra de todos los compromisos del Gobierno y del PP".

Asimismo y en lo que respecta al incremento del impuesto sobre las gasolinas y los gasóleos, ha cuestionado su eficacia para conseguir un incremento recaudatorio y ha augurado posibles efectos negativos "importantes de manera indirecta".

La enmienda a la totalidad del PRC también argumenta que medidas como los incrementos de jornada sanidad y educación o el aumento de la ratio de alumnos por aula van a crear "más problemas, más deterioro de la asistencia y más costes que los que pretenden evitar", al tiempo que cuestiona que se limiten los sueldos en el sector público, pero el Gobierno se reserve la posibilidad de vulnerar esos límites que impone en la ley.

Por otro lado, subraya que la ley es en buena parte "innecesaria", ya que incluye recortes que carecen de trascendencia económica y son "más bien una manera de eliminar instrumentos de debate o de control del Gobierno", como la eliminación del Consejo Económico y Social, el Consejo de la Juventud y el Consejo de la Mujer, o la supresión de derechos sindicales y de principios de la negociación colectiva, que "no es propia de un Gobierno en un Estado Social y Democrático de Derecho".

Otra de las razones esgrimidas por el Grupo Regionalista es la inseguridad jurídica que genera el proyecto, ya que modifica un total 15 leyes y en muchos casos lo hace sin ninguna justificación por razones de urgencia, como la ley de Cajas de Ahorro, la obligación de pago del IBI en el ámbito del Gobierno, el cambio de la ley de Control Ambiental Integrado o la reducción del número de diputados, "cuya urgencia queda en entredicho cuando el efecto se plantea para las próximas elecciones regionales".

Finalmente, el PRC entiende que muchas de las propuestas ni siquiera justifican la necesidad de una ley, ya que podrían ponerse en marcha en el ejercicio de la actividad regular del Ejecutivo mediante decretos, órdenes o instrucciones de los consejeros", y sólo se explican en "la demagogia y el intento de engaño a los ciudadanos", con el fin de aparentar "una actividad inexistente o una motivación falsa".

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