CIG, CC.OO., UGT y CSI-CSIF han presentado el pasado 11 de mayo un conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la ley de medidas en el empleo público aprobada por la Xunta en este ámbito, al entender que modifica aspectos del quinto convenio colectivo —al que está acogido el personal laboral— y que ello es "inconstitucional".

En una rueda de prensa conjunta, los sindicatos han explicado que aprecian "indicios de clara inconstitucionalidad", puesto que un convenio colectivo debe ser modificado en un proceso de negociación colectiva, de acuerdo con la legislación laboral estatal, por lo que introducir cambios mediante una ley autonómica es "una invasión de competencias", han dicho.

Uno de los representantes de la CIG, Fernando García, ha manifestado que los sindicatos están "seguros" de que la presentación de este conflicto derivará en que el TSXG llevará una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y creen que este les dará la razón.

A la vista del movimiento de los sindicatos, ha agregado, "la única reacción seria" del Gobierno gallego sería "la suspensión de la ley". En este sentido, el representante de UGT, José Vázquez, ha considerado que las medidas deberían dejar de aplicarse mientras dura la resolución del conflicto.

Además, aunque solo el personal laboral está acogido al convenio colectivo, los representantes de los empleados públicos confían en que, de declararse la inconstitucionalidad de la norma gallega, "no va a tener sentido la aplicación porque sería un agravio comparativo" y dejarían de cumplirse las previsiones de ahorro contenidas en la memoria económica.

Así, el responsable de CC.OO. en el área de función pública, Ramiro Otero, ha aclarado que presentar un conflicto colectivo es "la única vía" que tienen para llevar la decisión del Gobierno gallego a la Justicia. "Esperamos que la Xunta retome toda la ley", ha dicho.

"aplicación dañina"

Otero ha denunciado también que "la aplicación de la ley está siendo más dañina en los centros de trabajo de lo que dice la ley". "Se está yendo más allá de lo que la ley permite", ha avisado y ha citado, en especial, casos de centros dependientes de la Consellería de Traballo e Benestar.

Carmen López Santamariña, también de la CIG, ha añadido en este punto que la norma se aplica de manera "abusiva" y que cada consellería está haciendo directrices internas. Ha puesto como ejemplo casos de centros en los que los turnos llegan a nueve días seguidos sin descansos o en los que se han eliminado puestos de trabajo de interinos que se encargaban de hacer sustituciones.

NEGOCIACIÓN

En nombre de CSI-CSIF, Pedro Landeira ha destacado que, desde que la administración manifestó su intención de aplicar medidas de recorte, los sindicatos intentaron negociar. "Pero encontramos un frontón", ha reprochado.

Además, ha considerado "moralmente reprochable" que las administraciones traten de "cargar la solución de la crisis" a los trabajadores, con "recortes de los derechos".

Por su parte, el presidente del Comité Intercentros, Rodolfo Docampo, ha añadido que, además de verse perjudicados los empleados públicos, esta norma "usurpa también el derecho de los usuarios a una atención digna" y ha avisado de que la Xunta está por debajo de las ratios que la propia administración fija en algunos servicios.

Docampo ha indicado que las previsiones de ahorro de la memoria económica "no se cumplen", puesto que los trabajadores "no se están cogiendo las bajas".