La Mesa de Inmigración Diocesana pide al Gobierno que rectifique y permita la atención sanitaria a inmigrantes

Envía un comunicado a los diputados sevillanos en el Congreso donde subraya que la eliminación de este derecho es una "inaceptable involución"

La Mesa de Inmigración Diocesana de Sevilla, organismo dependiente de la Delegación Diocesana de Migraciones de la Archidiócesis hispalense que reúne a entidades y asociaciones cristianas que trabajan con el colectivo inmigrantes, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que rectifique y "permita el acceso de los inmigrantes indocumentados a la sanidad".

De esta manera y con motivo de la aprobación este jueves en el Congreso del Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito sanitario, la Mesa de Inmigración Diocesana de Sevilla y 36 entidades han remitido a los grupos políticos sevillanos con representación parlamentaria un comunicado en el que pide al Gobierno que rectifique su decisión de excluir de la sanidad pública a las personas inmigrantes sin documentación, por entender que supone una "violación de los derechos humanos fundamentales".

Así, desde su visión cristiana y de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, la Mesa de Inmigración, en una nota, afirma que "si los recursos públicos resultan escasos estas decisiones nunca pueden ser en perjuicio de los más pobres".

Las entidades firmantes, algunas de las cuales no pertenecen a movimientos cristianos, según ha precisado la portavoz de la Mesa, Inmaculada Mercado, a Europa Press, califican la eliminación de este derecho como una "inaceptable involución" en materia de derechos humanos y como un desprecio a la dignidad humana de personas que colaboran con el desarrollo de este país, muchos de los cuales tuvieron autorización para residir y la han perdido como consecuencia del desempleo.

Además, muestran su preocupación porque medidas como esta "estigmatizan" al colectivo inmigrante y "alimentan la discriminación, generando un nuevo factor de exclusión social, caldo de cultivo para la violencia".

Otro de los aspectos que critican en el comunicado es la confusión que provoca en la población, ya que "no es posible justificar esta medida en la reducción del déficit público cuando el ahorro económico que representa es ridículo, más bien al contrario, consideran que es probable que genere posteriormente un coste superior, cuando muchas patologías deriven en enfermedad grave".

Asimismo, las entidades estiman que la incidencia del fraude sanitario entre la población inmigrante sin documentación "no es representativa, siendo más efectivo luchar contra él a través de medidas específicas, antes que recortar el derecho a todo un colectivo".

Por otro lado, la Mesa reconoce la necesidad de reducir el déficit, por lo que proponen establecer una mayor racionalización del gasto público en cuestiones como la disminución del gasto militar, la lucha más activa contra la corrupción y el fraude fiscal, la mejora de la gestión de los servicios públicos, evitar las ayudas económicas a los bancos que niegan el crédito a los ciudadanos y un reparto más equitativo de impuestos en función de los niveles de renta.

Por último, lamenta que esta medida se integre en una tendencia "preocupante" de políticas que, en el actual contexto de crisis, "perjudican especialmente a los colectivos más vulnerables". Por ello, advierte que "absolutizar la lógica economicista sacrificando los valores humanitarios nos llama a recordar que una política que no está iluminada por la ética, termina siendo injusta e ineficiente".

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Entidades firmantes

Entre las entidades integrantes de la Mesa firmantes se encuentran la Delegación Diocesana de Migraciones; las asociaciones Hermanamiento de los Pueblos del Mundo; Clamor de los Mayas; La Casa de Todos; de mujeres inmigrantes solidarias de Andalucía; las comunidades de Vida Cristiana de Sevilla; la de Hermanitas de la Asunción, la Marista del Noviciado, la Fundación Solidaridad Candelaria; el punto de Encuentro Parroquia del Espíritu Santo o la ONG Korima Claretianas Sur.

Por otro lado, las entidades civiles firmantes son la Acción Católica General, Andalucía Acoge; Asociación Amigos de los Rumanos en Sevilla y Andalucía; el Colegio Santa Ana de Sevilla; el Consejo Diocesano de Acción Católica, la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión en Andalucía; el Equipo de Pastoral del Colegio Marista San Fernando de Sevilla; la Fundación Intered Andalucía; la Fundación Sevilla Acoge, o la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).

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