La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha advertido este viernes de que el Gobierno central elimina seguridad jurídica a las personas y las familias frente a la propiedad de las personas o las Sociedades Anónimas que poseen viviendas, con el anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la de Enjuiciamiento Civil para, entre otras cosas, facilitar que los propietarios de viviendas en alquiler recuperen sus inmuebles, aunque sus inquilinos estén al corriente de los pagos, y agilizar los procesos de desahucio.

En declaraciones a Europa Press, Cortés ha indicado que esta modificación anunciada por la ministra de Fomento, Ana Pastor, camina "en la misma dirección" que la reforma laboral, es decir, "quitar seguridad jurídica y derechos de los inquilinos en alquiler, aunque estén al día en el pago de la renta, frente a la propiedad" al reducir de cinco a tres años el tiempo de duración del alquiler.

"Esta medida va en dirección contraria a la de defender a las víctimas de la crisis", ha subrayado, a lo que ha añadido que afectará a jóvenes, que se verán en situación de desahucio "no por impago sino porque se prima la tenencia de la propiedad en contra del uso de la vivienda".

Esta situación, según ha explicado, hay que diferenciarla del "problema social" de los desahuciados de sus viviendas por impago, al no poder hacer frente a las hipotecas, y, en este sentido, ha recordado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que apoya IU, pidiendo la dación en pago.

En el caso de las medidas del Consejo de Ministros de este viernes, "familias que pagan su alquiler y hacen frente a estos pagos, los propietarios pueden disponer de la vivienda a los tres años frente a los cinco de antes". "Se da más seguridad al valor de cambio frente al de uso, lo que rompe el factor humano", ha apostillado.

Por último, la consejera de Fomento y Vivienda ha señalado que analizará el proyecto al completo y estudiará su impacto en la Comunidad andaluza.