El administrador del FROB en Banco de Valencia José Antonio Iturriaga ha apelado este lunes a la responsabilidad de los 12.821 accionistas asistentes a la junta general —511 presentes y 12.310 representados—, que representan el 79,47 por ciento del capital, para que apoyen la reducción y la ampliación de capital recíprocamente condicionadas que se someterán a votación en la sesión dado que, a su juicio, se trata de "la mejor solución posible" para garantizar la viabilidad futura de la entidad.

Así lo ha señalado durante su intervención al inicio de la junta general de accionistas en la que se someterán a votación por un lado las cuentas anuales y la gestión social de la entidad y, por otro, esa reestructuración de capital propuesta por el FROB, que finalmente descartó realizar una 'operación acordeón' y propone mantener parte del valor de las acciones del banco intervenido en noviembre.

En concreto, el FROB propone que inicialmente se efectúe una reducción del capital social por valor de 24,6 millones de euros, con lo que éste pasará de 123,1 millones a 98,5 millones, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 492.528.772 acciones de los 0,25 euros por acción actuales a 0,20 euros por acción. Seguidamente, ampliará capital hasta un máximo de mil millones de euros a través de una emisión de hasta cinco mil millones de acciones acumulables e indivisibles —también con un valor de 0,20 euros por acción y numeradas correlativamente a partir de la 492.528.773—.

Iturriaga ha defendido que "no es el momento de mirar al pasado y analizar las causas" que han llevado a esta situación a la entidad, ya que "hay tiempo" para que "tomen forma y avancen" por los cauces adecuados los procesos pertinentes para analizar esa cuestión. Así, ha urgido a posibilitar que la entidad se recapitalice y "tenga una opción de viabilidad" a través de la propuesta del FROB. "Comprendo su sentir y su decepción", pero "no hay duda de que es la mejor solución posible", ha dicho a los accionistas.

También se ha referido a los estados financieros de la entidad correspondientes al primer trimestre y ha indicado que ponen de manifiesto que los fondos se han reducido hasta alcanzar los 189 millones de euros netos, como consecuencia de las pérdidas incurridas en ese período, con lo que "el déficit de recursos propios en cuanto a ratio de solvencia se refiere se sitúa en 997 millones de euros".

Según Iturriaga, "considerando el impacto del nuevo decreto, el cálculo provisional de las coberturas adicionales a constituir, complementarias a las ya constituidas y comunicadas derivadas de la circular 2/2012, ascienden a 509 millones", y "las necesidades de provisiones atendiendo a ambas normas -a los decretos 2/2012 y 18/2012 sobre la reforma financiera— podrían ascender en conjunto a 1.336 millones".

En cuanto al "día después", al proceso de subasta y adjudicación de Banco de Valencia, ha señalado que en abril repartieron el cuaderno de ventas entre las entidades interesadas y el día 27 presentaron ofertas no vinculantes cinco entidades que, en la actualidad, trabajan en la fase de 'due dilligence'.

Cuando acaben de analizar la información relevante, "previsiblemente a mediados o finales de junio", las interesadas presentarán sus ofertas vinculantes y el FROB elegirá la mejor en función de su coste para el erario público, así como de la capacidad financiera y de gestión de esas entidades.

BANCAJA,

"único responsable de la mala gestión"

A lo largo de las tres primeras horas de la sesión, han tomado la palabra más de una veintena de accionistas, particulares anónimos y dirigentes como el presidente de la Asociación para Defensa de los Accionistas del Banco de Valencia (Pro Banco Valencia), Vicente Simó, que ha culpado de ser el "único responsable de la mala gestión que ha llevado al banco a esta situación" a su accionista principal, que "primero fue Bancaja y después BFA", y ha pedido al Banco de España que reclame responsabilidades, además de reprocharle que no detectase "a su debido tiempo" las "irregularidades" cometidas.

Pro Banco Valencia representa en la junta un 10 por ciento del capital —800 accionistas y 500 millones de títulos— y comparte objetivo con la mayoría de quienes han intervenido: lograr que la entidad "perviva" y que "refleja su referente de valencianidad" donde quiera que se ubique. Por este motivo, predomina la intención de votar a favor de la propuesta del FROB, pese a las discrepancias respecto a su valoración de la entidad y a las reiteradas críticas hacia la gestión del banco, la actuación de Bancaja y la responsabilidad del Banco de España en el proceso.

En las múltiples intervenciones de los accionistas, que podrían prolongarse aún durante más de una hora, se han oído propuestas como que los accionistas conserven el nombre, la marca y los dominios de internet de la entidad, un sinfín de reproches hacia los gestores y una férrea defensa de la valencianía del banco, hasta el punto de llegar a advertir al FROB de las consecuencias que tendría "traicionar" a ese sentimiento con una operación a la que algunos han tildado de "estafa", "expropiación" o intento de "regalar Banco de Valencia a un banco de fuera".