El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad en el Ayuntamiento de Gijón, Rafael Felgueroso, ha desvelado este viernes en el Pleno que Hacienda reclama a Emtusa una cantidad total de 513.858 euros por el contrato de arrendamiento-operativo de las cocheras, algo que ha achacado a la mala gestión del Gobierno anterior -PSOE e IU-LV—, por no haber hecho un seguimiento del citado contrato. A esto ha sumado los gastos de contratos extra que se han tenido que formalizar, de limpieza y vigilancia, que suponen más de 200.000 euros en 2010 y 2011.

Felgueroso, ha señalado además que hasta abril de este año se pagaba 1.874.312 euros anuales por las cocheras, lo que supone que se pagan 4.754 euros al mes, es decir, se multiplicó por 24 la cifra inicial, llegando a pagar casi al día lo que anteriormente se abonaba al mes. Por este motivo, ha justificado que se deje de pagar la actualización del IPC, al no venir reflejada ni en el pliego de condiciones ni en la información dada al Consejo de Administración en su día.

En cuanto a Hacienda, ha explicado que entre la publicación del pliego de condiciones y la firma del contrato inicial y el posterior de 2009 hay modificaciones "significativas" y ha recalcado que no se hizo un seguimiento y control del contrato.

Ha indicado que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se liquidó "a cero euros", por lo que Hacienda reclama ahora una liquidación de algo más de 404.000 euros y un recargo , lo que suman esa cifra de 513.858 euros, por esa mala gestión al no haber hecho el seguimiento. Ahora se está a la espera de la resolución de Hacienda. "Esto si que es un pancho bueno por no haber hecho usted los deberes en el momento oportuno", le ha recriminado al portavoz socialista, Santiago Martínez Argüelles.

El edil ha indicado que el interés del Gobierno Local no es ninguna polémica con una persona concreta para exigir responsabilidades legales, pese a que era una de las posibilidades que no se llevó a adelante en el Consejo de Administración.

Ha remarcado que el informe jurídico confirma la nulidad de pleno derecho por la concatenación de irregularidades del contrato y, entre las posibilidades estaba la de dejar de pagar el IPC. Ha reiterado que, por razones de prudencia, ante una posible indemnización, no se optó por la nulidad.

Al margen del IPC, ha indicado que hubo una sobredimensión de las obras en el apartado relativo a las oficinas, ya que toda la segunda planta está "desocupada". Además, ha incidido en que hubo que hacer contratos extras a los de limpieza y vigilancia, ya que en un caso no incluía zonas como el parking de autobuses y en el segundo solo era para las noches de viernes y sábado. Estos gastos supusieron en 2010 más de 123.000 euros y en 2011 más de 106.000.

Felgueroso ha insistido en que en su día se elevó al Consejo la propuesta de contratación por 1.777.071 euros, sin hacer referencia al IPC, mientras que en el contrato firmado por Argüelles se incluyen "modificaciones sustanciales e importantes respecto al pliego de condiciones administrativas", como autorizar que se pudieran pedir hipotecas sobre el terreno. Ha precisado que tras dos intentos de 'rescate' del contrato con la empresa adjudicataria, que no se formalizó por ser el precio "inasumible", es cuando se apreciaron cuestiones "sospechosas" en el contrato y se encarga un informe jurídico.

Y aunque ha reconocido que no se puede conocer a cuánto va a ascender el IPC en toda la duración del contrato, ha precisado que las cuantías superan "con creces" lo que el Consejo de Administración aprobó en su día. Ha remarcado que algunos de los consejeros no tenían "ni la más mínima idea" de lo que en realidad había firmado Argüelles, quien, según él, no ha dado una explicación "ni razonada ni razonable" sobre lo sucedido.

Ha insistido en que el dejar de pagar el IPC fue una decisión adoptada por una actuación "totalmente irresponsable" por parte del portavoz socialista, a lo que ha añadido que no busca que tenga problemas de responsabilidad civil y penal por ello.

Argüelles, por su parte, ha precisado que si Hacienda hace una valoración del 1 por ciento y dice que son 400.000 euros, es que lo valora en 40 millones de euros y no 84, como dice Foro que acabará pagando por el contrato. Ha reiterado que se buscó el alquiler de las cocheras porque no había recursos económicos para su construcción.

Modelo peronista

También ha defendido la legalidad y la obligación de incluir la actualización del IPC, como así lo dice en un dictamen la Junta Consultiva de Contratación y ha argumentado que el pliego pedía que las empresas dieran un precio, y las tres ofertas así o hicieron con el IPC. "Trajeron el modelo peronista de Argentina, como no me gusta, no lo pago", ha reprochado antes de poner en duda los dos informes jurídicos encargados por Foro.

Del informe de Garrigues, ha dicho que se basa en una directiva de 2004 que no fue traspuesta hasta 2007 al ordenamiento español, al tiempo que le ha preguntado a Felgueroso cuánto costó ese informe.

Del segundo informe, ha apuntado que es "una vergüenza para los servicios jurídicos del Ayuntamiento" y ha culpado a Felgueroso de no haberlo revisado, ya que se basa en un informe de la Junta Central de Contratación de 1976, que es "preconstitucional" y en un Decreto Ley de 1964.

"No había nacido yo", ha dicho antes de remarcar que es "franquista" y está derogado. También figura una sentencia del año 2000 de Navarra, basada en la Ley Foral de Contratos de Navarra, por la que no nos regimos en Asturias. Argüelles ha preguntado a Felgueroso también si advirtió al Consejo de que las costas de este proceso podrían ser de cientos de miles de euros.

Por su parte, el portavoz de IU-LV, Jorge Espina, ha dicho que cualquier medida encaminada a la viabilidad de la empresa municipal contará con el apoyo de su grupo, pero no si la pretensión última era "perseguir" a Argüelles.

En el caso del PP, el edil Pablo Fernández ha incidido en que el objetivo es mejorar la gestión y el servicio de una empresa que tiene el mayor absentismo laboral de toda Asturias, al tiempo que ha remarcado que de 200.000 euros de las antiguas cocheras se pasó ahora a dos millones sumado el IVA. Ha considerado además una "una aberración económica" que vaya a costar las cocheras lo mismo que el Guggenheim de Bilbao, 85 millones de euros, si se calcula el IPC en un tres por ciento.

Rechazo a la junta extraordinaria

Vinculado a ello, se ha rechazado, con los votos en contra de Foro y PP y a favor de PSOE e IU-LV, la celebración de Junta General Extraordinaria de Emtusa para abordar el contrato de las cocheras de la empresa municipal.

Argüelles ha defendido que se trata de actuaciones que afectan a terceros y que pueden acabar en los juzgados, por lo que es más conveniente que la comparecencia de Felgueroso, al tiempo que le ha acusado de querer cargarle la culpa de la incompetencia a otro que no sea del Gobierno e intentar "ensuciar" a alguien del PSOE.

De hecho, le ha reprochado que utilice la forma "más retorcida, falsaria e irreal de contar las cosas", sobre el coste final de las cocheras, que él cifró en 13 millones de euros menos (con un IPC del 2 %). Además, le ha advertido que con el debate en el Pleno a lo mejor están dando "armas" para los que puedan litigar contra el Ayuntamiento, con referencia a la empresa adjudicataria.