Como ya venía anunciando el Ministerio de Fomento, el Gobierno ha decidido modificar la ley que regula los alquileres. La filosofía es flexibilizar contratos y condiciones, todo en un intento de promover el alquiler de viviendas, que en España supone solo un 17% del parque.

Según lo aprobado el pasado viernes por el Consejo de ministros, la renta mensual dejará de revisarse con el IPC, sino que será pactada libremente entre casero e inquilino. Además, el arrendatario podrá zanjar su contrato con sólo un mes de aviso.

A la espera de sus efectos prácticos, las organizaciones de consumidores no parecen satisfechas. Una de las más activas, FACUA-Consumidores en Acción, considera que el anteproyecto de ley para modificar la ley de arrendamientos fomentará la especulación inmobiliaria en lugar de los alquileres.

Esta organización de consumidores ha asegurado que el Gobierno pretende fomentar el alquiler "facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones".

Ha criticado que los contratos puedan extenderse sólo hasta tres años, en lugar de los cinco años que se estipulan actualmente, y que las prórrogas se vean reducidas de tres a un año.

Por ello, FACUA entiende que se trata de "un nuevo recorte de derechos para los usuarios en beneficio de los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos" para subir el precio del alquiler, ya que hasta ahora los contratos fijaban una renta actualizable conforme al IPC durante los primeros cinco años.

Ha añadido que el IPC no será el índice de referencia para actualizar la renta cada año de vigencia del contrato, "lo que podrá traer aún más perjuicios para los inquilinos".

Además, según FACUA, la reducción de las prórrogas a un año frente a los tres vigentes en la actualidad supondrán también "una enorme inseguridad para los arrendatarios de vivienda".