El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido (PP), pedirá al Gobierno central una "mayor flexibilidad" a la hora de analizar los planes de ajuste realizados para el acceso a las herramientas de financiación estatal para el pago a proveedores y deja claro que, en general, las corporaciones locales han hecho "los deberes" frente a otras administraciones si se tiene en cuenta que de los 735.000 millones que representa la deuda pública española, 35.420 millones son de éstas. Deja claro que los municipios "tienen problemas, pero no son el principal problema, ni los principales responsables de la deuda pública de España.

A preguntas de los periodistas, antes de pronunciar una conferencia sobre los municipios y la estabilidad presupuestaria, Zoido ha apuntado a la necesidad de usar "distintos criterios" para analizarlos, teniendo en cuenta si son pequeños municipios sin capacidad técnica para presentar estos planes, con deudas muy superiores a lo que es posible financiar en esos años o que no han podido ser aprobados por mayoría absoluta en sus ayuntamientos. Así, añade que Sevilla, con su plan aprobado, ha de dar "ejemplo", por lo que "desde el primer momento se ha eliminado administración paralela y se han realizado medidas de contención del gasto".

Igualmente, en su discurso, ha reiterado las "dificultades de muchos" para realizar y aprobar los planes de ajuste y alerta de diferentes causas para que 2.000 ayuntamientos no hayan podido presentarlos. Así, apuesta por constituirse una comisión o grupo de trabajo bilateral, entre la FEMP y el Ministerio, para evaluar las causas y establecer, en su caso, "alguna solución" para estas entidades locales.

"Esta petición responde al convencimiento que tenemos en la federación de la bondad de esta gran operación financiera porque sería una lástima que municipios con planes de ajuste viables se queden sin poder acceder a este mecanismo", recalca Zoido, que deja claro que deberían "flexibilizarse las exigencias" derivadas de los distintos planes de ajuste o económico financieros y planes de desarrollo al "carecer de los medios humanos y materiales para ello, o bien dotar a las Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares y Consejos Insulares u otros organismos, de capacidad de colaboración más eficaz".

Sobre el caso de un ayuntamiento de la provincia de Guadalajara acogido al plan de pago a proveedores necesitará 7.058 años para saldar su deuda, según alerta el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, Zoido advierte de que es una "auténtica barbaridad" generar una deuda por ese importe, por lo que apuesta por realizar "algo especial para que pueda pagarlo".

"un camino largo de reformas históricas"

Zoido ha puesto en valor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Finanzas Públicas, ya que "trabajar contra el déficit público es la única fórmula para poder dinamizar la economía española, generar confianza y crear empleo". "Éste es un camino largo, de reformas históricas, de esfuerzos compartidos e inaplazables, pero es un camino que nos va a permitir crear las condiciones de un tiempo de crecimiento económico, que nos permita recuperar a medio plazo nuestros horizontes de prosperidad, bienestar y empleo", sentencia.

Sin embargo, lamenta la existencia de "municipios endeudados hasta el extremo" donde "sufre las consecuencias de esa irresponsable gestión el ciudadano" e insta a cumplir con el objetivo de déficit "y la que no lo haga tendrá que pagar sus consecuencias". Así, valora una normativa que mejora la "coherencia" en la regulación jurídica, transmite "idea de igualdad" en las exigencias presupuestarias y supone responder ante Europa como "una sola Administración".

Tratamiento diferenciado por población y finanzas

Explica que esto supone "más responsabilidad" para los ayuntamientos, algo que "no asusta", porque los municipios "tienen problemas, pero no son el principal problema, ni los principales responsables de la deuda pública de España. "Desde la FEMP consideramos que es importante establecer y remarcar la necesidad de tratamiento diferenciado según el tamaño poblacional y situación financiera", sentencia, tras recordar las "dificultades" de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes "no ya para hacer el presupuesto, sino para realizar la liquidación, lo que ha llevado a retenciones por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la participación en los tributos del Estado", aunque "afortunadamente hoy son sólo 190 municipios los que ven retenida la PIE por esto".

"efecto perverso" de usar superávit para deudas

Por último, agrega que la FEMP también está preocupada con el "efecto perverso" que puede tener el artículo 32 de la Ley, donde se dispone que las corporaciones locales que tengan superávit presupuestario se destinará a reducir el endeudamiento neto. "A nuestro juicio, esta disposición es excesivamente rigurosa y supone una limitación al principio de autonomía política de cada Administración local", recalca, tras apostar por "matizarse en el futuro desarrollo reglamentario de la norma para permitir que la corporación que esté dentro del marco de endeudamiento permitido pueda destinar su remanente de tesorería a finalidades que resulten igualmente prioritarias".

Así, añade que esta obligación que impone la Ley de Estabilidad, "ciertamente, incentiva muy poco, por no decir nada, el ahorro de las entidades locales". Por este motivo, la FEMP aboga por que, por vía del Reglamento, se busque una fórmula para que la corporación que esté dentro del marco de endeudamiento permitido pueda destinar su remanente de tesorería a finalidades "igualmente prioritarias".

"De hecho, entendemos que sería más congruente con la realidad de las corporaciones locales que esta obligación se atenuara, con un porcentaje, con el establecimiento de unos tramos, con un calendario de eliminación de endeudamiento o con alguna otra fórmula que se considere oportuna", concluye.