La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ha considerado este lunes "excesivo" destinar el 30 por ciento de las ayudas directas a los productores que desempeñen medidas medioambientales en sus explotaciones tal y como figura en los borradores de la propuesta de la PAC en relación al 'greening' o componente verde y denuncia la "falta de flexibilidad" a la hora de fijar estos condicionantes.

"Es mucho porque los ganaderos y agricultores ya vienen cumpliendo con exigencias medioambientales y forman parte de las prácticas que desarrollan en su explotaciones", ha subrayado la consejera tras el Consejo Consultivo de Política Agrícola presidido por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

La responsable de Agricultura y Ganadería de la región ha considerado que este incremento de los condicionantes medioambientales "afecta a la competitividad y rentabilidad" de las explotaciones al mismo tiempo que ha rechazado "cargar con más compromisos" medioambientales a los agricultores y ganaderos "si no hay una compensación económica".

Además, Clemente ha lamentado la "falta de flexibilidad" a la hora de fijar estos condicionantes recogidos en una lista que según plantea Bruselas, tienen que cumplir todas las explotaciones. En este sentido, la consejera ha reclamado al ministro que plantee a la Comisión europea una lista "más corta y concreta" y que "en ninguna medida se haga extensible a todas las explotaciones". En cuanto a la ganadería intensiva, la consejera ha considerado "necesario" establecer como se puede aplicar estos condicionantes medioambientales y ha planteado que se ligue al tipo de alimentación que tenga la ganadería o el tipo de energía que utilice. "Es imprescindible dar una solución a la ganadería intensiva porque tal y como esta planteada no podría percibir este 30 por ciento de ayudas medioambientales que ahora mismo se formulan en la reforma", ha insistido. Por otro lado, Clemente ha considerado "imprescindible" conocer el modelo de financiación y el montante económico que se destinará a la política de desarrollo rural. A su juicio, la financiación debe realizarse "con recursos horizontales que vengan del resto de políticas y no se haga con cargo a la modulación".