Olivo dice que se pagaron impuestos una vez recibidas las obras por el Ayuntamiento

El empresario Tomás Olivo ha asegurado que su empresa cumplió con la Agencia Tributaria y pagó los impuestos una vez que las obras contratadas con el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) fueron recibidas por esta institución. Así, se ha declarado inocente del delito contra la Hacienda Pública por el que está acusado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El empresario Tomás Olivo ha asegurado que su empresa cumplió con la Agencia Tributaria y pagó los impuestos una vez que las obras contratadas con el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) fueron recibidas por esta institución. Así, se ha declarado inocente del delito contra la Hacienda Pública por el que está acusado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha comenzado este jueves la primera sesión del juicio contra el promotor, también acusado en el caso 'Malaya', para el que el fiscal solicita en esta causa dos años y medio de prisión. También está acusado un sobrino de Olivo, director financiero de la empresa General de Galerías Comerciales (GGC).

El ministerio público le acusa por un presunto fraude de 450.000 euros a la Hacienda Pública en relación a cinco contratos firmados entre 1994 y 1997 con empresas municipales de Marbella para tres proyectos de obra denominados aparcamiento Benavente, Arroyo Primero y Benavente, suscribiendo luego distintos contratos de ejecución de obras.

El empresario ha asegurado que "nunca hubo intención de retrasar el pago de 450.000 euros", apuntando que su empresa "paga impuestos de 35 o 40 millones anuales". Ha añadido que, incluso, "pagamos el IVA aún cuando no hemos cobrado del Ayuntamiento". "Es nuestro deber, no ahora, sino siempre", ha apostillado.

Ha indicado que siempre han funcionado "a contrato cumplido" y que no podían saber los costes de las obras que se iban ejecutando. Ha señalado que el Ayuntamiento marbellí aún les deben "15 millones de euros" y terrenos que se acordaron dar en dación de pago, pero que "nunca nos han entregado" y que "llevaban carga hipotecaria y urbanística".

Olivo ha sostenido que él no tenía conocimiento de los asuntos contables de sus empresas y que las comprobaciones sobre el estado de ejecución de las obras eran complicadas y requerían mucho personal técnico. Además, ha apuntado que las deudas que tiene el Ayuntamiento con él las reclamarán.

La acusación pública sostiene en su escrito inicial que la mercantil subcontrató con la empresa Emasa, entidad de la que el acusado es administrador, y que los beneficios en 2000 por la empresa principal (GGC) con estas obras fue de 1,4 millones, aunque, dice el fiscal, "habían decidido ocultar" dichos beneficios en la autoliquidación que por el Impuesto de Sociedades de 2000, además de que se incurrió "en graves deficiencias en la llevanza de la contabilidad".

Así, el fiscal explica que "no se contabilizaba la obra en curso contratada y ejecutada aún cuando se encuentre pendiente de facturar", ni tampoco la deuda correspondiente a la subcontratación con Emasa de dichas obras, "ni los créditos contra el Ayuntamiento por los distintos reconocimientos de deuda"; supuestas irregularidades que afectarían a las dos sociedades citadas.

El ministerio público señala que en el proyecto Benavente, obras valoradas en 6,4 millones, el Ayuntamiento hizo tres reconocimientos de deuda, que se cancelaron mediante la transmisión de fincas por importe de 13,3 millones de euros. No obstante, según el Tribunal de Cuentas, esas fincas "tienen un valor real muy superior al escriturado", hechos por los que se sigue un procedimiento a parte en otro juzgado marbellí.

Desde la defensa de Olivo han explicado que, según el Plan General Contable, el pago del impuesto de sociedades relativo a dicha obra puede liquidarse mediante dos métodos, porcentaje de realización, mediante el que en cada uno de los años que dura la obra se tributa el beneficio de manera proporcional a la obra ejecutada, o bien mediante el método del contrato cumplido.

Así, han incidido en un comunicado que en el caso que se juzga "se han liquidado a contrato cumplido, al no darse las condiciones establecidas para aplicarse el otro método, por lo que la obra, que se recepcionó por parte del Ayuntamiento de Marbella en el año 2009, se ha liquidado por completo en el impuesto de sociedades correspondiente a ese ejercicio".

La defensa espera que después del juicio "quede resuelta toda esta situación de forma definitiva, al demostrar que se ha efectuado el pago y que nunca ha existido intencionalidad de vulnerar norma tributaria o contable alguna". Para la defensa, "se ha actuado siempre con transparencia con Hacienda y se han aportado todos los datos necesarios", confiando en la absolución de su cliente.

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