La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha decidido la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión que regirá en los cinco parques arqueológicos de la región durante los próximos años.

Este modelo estará basado en un nuevo Centro Regional del Patrimonio, que dependerá de la Junta de Comunidades, y que se encargará de centralizar y coordinar las acciones de cada parque. De este modo, la gestión patrimonial de los cinco recintos seguirá bajo la supervisión pública.

Al mismo tiempo, la explotación de cada parque se pondrá en manos de la iniciativa privada, mediante un concurso público al que podrán concurrir las empresas que lo deseen, cuya acción y funcionamiento también serán supervisados en última instancia por la propia Junta de Comunidades.

Arranca así un nuevo modelo público-privado en la gestión de los parques arqueológicos de la región, en donde la explotación de los mismos se llevará a cabo por parte del sector privado y la gestión patrimonial estará bajo la tutela pública, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Disolución de consorcios

En consonancia con este nuevo modelo, la Consejería ha comunicado este lunes a los consejos de administración de Carranque (Toledo) y Alarcos (Ciudad Real) la disolución de los consorcios que regían en dichos parques arqueológicos, con el fin de poner en marcha el nuevo modelo de gestión.

La decisión de disolver estos consorcios y el cese de los hasta ahora responsables de los Parques de Carranque y Alarcos está en consonancia con la política puesta en marcha por el Gobierno regional de adelgazar el gasto público y racionalizar los recursos para una mejor gestión de los mismos, además de potenciar la colaboración público-privada.

Según los responsables de la Consejería, los últimos informes del Síndico de Cuentas —en los que se revelaban importantes anomalías en la gestión de algunos parques arqueológicos en la anterior etapa del Gobierno socialista— avalan la necesidad del cambio en el modelo de gestión, que evite el despilfarro del dinero público, el gasto injustificado y la falta de control presupuestario.