La Policía Nacional ha destacado que el perjuicio causado por el asesor fiscal detenido esta semana en Ibiza "podría superar los 4 millones de euros".

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía ha recordado que, tras las investigaciones iniciadas como consecuencia de la denuncia presentada por un empresario, este pasado lunes era detenido J.M.M.A de 53 años, asesor fiscal y laboral, acusado de presuntos delitos contra la hacienda pública, seguridad social, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsificación documental.

El detenido llevaba toda la gestión fiscal, mercantil y laboral del denunciante, disponiendo de plenos poderes al tener una larga relación comercial con la víctima.

En la denuncia se muestran diferencias de cantidades gestionadas fraudulentamente entre el valor que se le entregaba para el cumplimiento de los diversos trámites y las que realmente utilizaba para llevar a cabo las mismas. Diferencias que, según la Policía, podrían superar los cuatro millones de euros.

En estos días, se han llevado a cabo cuatro registros autorizados por la Autoridad Judicial: dos en domicilios, uno en la asesoría del detenido y en su finca de San Rafael.

En dichos registros se han intervenido varios ordenadores, 277.000 en efectivo, joyas, obras de arte y numerosos documentos fiscales, mercantiles y laborales.

La Policía ha anunciado que, en colaboración con otros servicios fiscales, se procederá ahora al análisis y estudio de toda la documentación intervenida, no descartándose encontrar más delitos similares a los denunciados.

Cabe recordar que el juez de Instrucción número 2 de Eivissa, en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional para el asesor fiscal detenido este lunes en el transcurso de una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de la isla.

Así, la Fiscalía no había solicitado prisión para el arrestado, al tiempo que el titular de Instrucción 2 de Eivissa imputa al detenido un presunto delito de apropiación indebida, sin perjuicio de que la calificación pueda modificarse o ampliarse en el transcurso de la investigación.

En el auto, el juez obliga al imputado a personarse de forma periódica ante el Juzgado, le prohíbe salir de Eivissa y ordena a las autoridades policiales que, en caso de que lo reclame, no le entreguen el pasaporte.

Asimismo, le prohíbe disponer de sus bienes, bajo apercibimiento de que puede incurrir en un delito de insolvencia punible, al tiempo que el magistrado ordena la incautación del dinero intervenido durante los registros, que quedará a disposición del Juzgado para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse.