(Atención abonados, rogamos sustituyan esta información por la enviada anteriormente con el mismo título, por un error en subtítulo y tercer párrafos, ya que las actuaciones son 2.000 en lugar de 200. Disculpen las molestias)

El proyecto permitirá generar 2.000 actuaciones de construcción o rehabilitación en núcleos rurales

El diputado del PP y alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, ha garantizado que la modificación de la Ley del Suelo para permitir la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico servirá de "motor" económico, pero con una "potencia autolimitada" para evitar "pasarse de frenada".

En rueda de prensa, Igual ha defendido este proyecto que el lunes se someterá a la enmienda a la totalidad presentada por la oposición, para seguir con su tramitación, que espera que se culmine antes del verano.

Cuando esté en marcha, permitirá que se acometan unas 2.000 actuaciones, de construcción, pero también de rehabilitación, en zonas rurales, buscando un "equilibrio" entre la conservación y el desarrollo.

El proyecto, ha recordado, surge como una "demanda social" en los municipios afectados para "desbloquear" este problema que se encontraban familias que disponían de terrenos en los que "sus hijos no se podían hacer una casa".

La modificación también responde a los objetivos de generar empleo entre el sector de autónomos y pequeñas empresas del sector en las zonas, e, igualmente, fijar la población rural al municipio, por lo que suma un propósito de conservación del medio.

Porque el cambio parte de la premisa de "evitar desmadres", a lo que responden algunos de sus aspectos, como la necesidad que se fija de que cada proyecto vaya acompañado de un estudio de adaptación al entorno, con medidas correctoras o que minimicen el impacto, y que garanticen que no están en zonas de riesgo ni que afecten a patrimonio natural o cultural.

Es, ha recordado, una medida temporal hasta que los ayuntamientos desarrollen sus planes de suelo rústico.

Finalmente, Igual ha reivindicado la participación en el proceso, a través de las consultas y alegaciones con los ayuntamientos en la Federación de Municipios de Cantabria.