El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés (PAR) de las Cortes de Aragón ha emplazado al Gobierno de España a firmar el convenio para desarrollar los planes de desarrollo rural sostenible y ha solicitado al Ejecutivo aragonés que inicie los trámites para iniciar las actuaciones contempladas en estos.

El PAR también propone incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 una partida de 14,2 millones de euros con el mismo objetivo. Los aragonesistas de centro presentarán iniciativas similares en las Diputaciones Provinciales y las comarcas.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo, Alfredo Boné ha recordado que el Gobierno de Aragón impulsó la elaboración y aprobación de los planes durante la legislatura anterior, consiguiendo —cuando él era consejero de Medio Ambiente— la aprobación por parte del Gobierno de España.

En aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada en 2007, el Gobierno regional propició "un proceso de participación muy amplio" en el que participaron los Consejos Comarcales junto con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, trabajo que dio lugar en 2011 a los 33 planes comarcales de desarrollo rural sostenible que fueron aprobados antes de que concluyera la legislatura pasada.

"Aragón hizo los deberes muy pronto y muy rápido", de hecho fue la primera comunidad autónoma que presentó los planes, ha explicado Alfredo Boné, quien ha indicado que la dotación inicial era de 147,7 millones de euros a pagar a partes iguales por el Gobierno autónomo y el central, lo que supone unos cinco millones por comarca a lo largo de varios años. Una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo aragonés, tras las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011, fue la de retirar los primeros créditos, dadas las restricciones económicas impuestas por la crisis.

En virtud del acuerdo de gobierno alcanzado por PP y PAR para toda la legislatura autonómica los regionalistas introdujeron en los Presupuestos de la Comunidad para 2012 una partida de 28,4 millones de euros, la mitad de los cuales los pagaría la Administración regional y otro tanto el Gobierno de España.

Ahora el PAR pretende desarrollar el protocolo de colaboración firmado el 21 de diciembre de 2010 por ambas partes mediante la firma del mencionado convenio específico, que no ha sido firmado. "Entendemos que para los aragoneses es un tema de vital importancia", ha afirmado Boné, en cuya opinión "este tema no puede quedar en 'stand by', tiene que resolverse".

El portavoz del PAR en la Comisión de Economía y Empleo, Antonio Ruspira, ha apelado al Acuerdo para la Gobernabilidad de Aragón para exigir la firma del convenio, que servirá —ha dicho— para dinamizar la economía y generar empleo. Ruspira ha dicho que aunque el Gobierno de España no suscribiera de manera inmediata el convenio el Gobierno aragonés dispone de una partida de 14,2 millones de euros para iniciar las actuaciones, lo que el PAR quiere hacer "a la mayor brevedad".

El portavoz en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Peribáñez, ha recordado que el protocolo está vigente hasta el próximo 1 de junio y no firmar el convenio supondría tener que iniciar los trámites otra vez. "No hay por qué seguir esperando", ha expresado.

Desarrollar los planes es "fundamental" para todo Aragón, en especial para las comarcas turolenses, ha continuado Joaquín Peribáñez, quien ha resaltado la importancia de los planes para vertebrar el territorio. "Son proyectos consensuados por las organizaciones políticas, por las organizaciones sindicales, las empresariales, el asociacionismo", ha apuntado.

Los planes favorecen el asentamiento de población, ha añadido Peribáñez, quien ha comentado que el 40 por ciento de la población aragonesa reside en el 95 por ciento del territorio. El diputado del PAR ha mencionado algunos problemas del medio rural, como la eliminación del Plan Miner, las infraestructuras que "no acaban de arrancar" y la supresión de los planes de obras y servicios de 2012.