La Fiscalía de Granada ha denunciado ante el Juzgado a 13 presuntos implicados en el caso de las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de los proyectos de cooperación con Marruecos en el marco del programa Poctefex durante el anterior mandato en Diputación de Granada (PSOE e IU).

Así lo señalado en rueda de prensa José Torrente, portavoz del equipo de gobierno provincial, que ha dado a conocer el decreto fiscal en el que se mantiene la denuncia contra el exvicepresidente de la institución Julio Bernardo (IU), el que fuera director de su área, Jorge López, varios funcionarios y empresarios como la mujer de Francisco Cuenca, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada capital.

El Ministerio Público desestima las alegaciones exculpatorias presentadas por los denunciados y ratifica íntegramente la investigación de la Policía Judicial y la Fiscalía Superior de Andalucía, que apuntó a una "doble trama" de facturas falsas ideada con el objetivo de beneficiar de forma directa a personas o empresas que no podían contratar con la administración o que, en su caso, "no tenían más mérito que ser familiares o allegados de cargos políticos".

"Los cargos públicos que han gobernado esta Diputación tienen que ir a los juzgados de La Caleta porque ya su imputación está en sede judicial", ha aseverado el portavoz del equipo de gobierno provincial, quien ha considerado que habrá "sorpresas" cuando los funcionarios implicados sean instados a denunciar ante el juez a "quienes les obligaron a hacer lo que hicieron indebidamente".

La Fiscalía confirma que de la investigación realizada se pueden derivar delitos como los de prevaricación, malversación de caudales públicos y varios relacionados con la falsificación de documentos mercantiles, algunos de ellos con penas de prisión. El portavoz ha recordado que solo el 10 por ciento del grueso del proyecto Poctefex, con un presupuesto de 3 millones de euros y en el que está incluido el programa Mercamed, está siendo objeto de investigación penal. "La Diputación sigue encontrando prácticamente a diario escandalosas irregularidades de las que deberá dar explicaciones todo el equipo de Gobierno anterior", ha aseverado Torrente.

La institución provincial, personada en las diligencias de investigación penal, esperará ahora a conocer qué juzgado será el encargado de instruir esta investigación y continuará, como ha hecho desde un primer momento, "colaborando con la Justicia para esclarecer la mayor trama de corrupción detectada hasta la fecha en la institución provincial".

Por tres filtros

La investigación penal ha pasado ya por tres filtros judiciales y todos, según ha indicado Torrente, han coincidido en la gravedad de los hechos y de las imputaciones. Se inició de oficio por el fiscal superior de Andalucía, la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior corroboró las irregularidades, el fiscal superior tramitó decreto de remisión a la Fiscalía Provincial, y ésta lo analizó y vio indicios de delito. Los denunciados presentaron alegaciones y la fiscal las ha rechazado y ha enviado el caso a los juzgados.

"El dúo Sacapuntas, esta pareja del PSOE que últimamente nos facilita unas ruedas de prensa sui generis, tiene muchas cosas que contar pero no cuenta cómo estaba la plaza. Posiblemente al dúo Sacapuntas lo escuchemos en breves fechas contar cómo están los juzgados", ha señalado Torrente quien ha señalado que en el denominado caso Mercamed "de un grano de arena hemos pasado a una duna y sin un oasis cerca".

Además de un posicionamiento público del PSOE en este asunto, el portavoz del equipo de gobierno provincial ha recordado al coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Morales, que "todavía no ha asumido ninguna responsabilidad de las que ellos exigen con mayúscula e instantánea rapidez en cada caso a los demás" cuando, en este caso, no han procedido a "reconocer ni mínimamente alguna culpa".

"El señor Morales está más ocupado en repartirse los sillones de la provincia que quedarán en manos de su coalición y en intentar aferrarse a Cetursa y la Alhambra. Miedo nos da que Izquierda Unida aplique este modelo de gestión que hoy está investigándose en un juzgado, todo ello amparado o en cogobierno con el PSOE, un cogobierno que también implica corresponsabilidad", ha concluido Torrente.