El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, ha remitido este miércoles sendas cartas al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, donde expresa su preocupación por la situación de los ayuntamientos cuyos planes de ajuste han obtenido una valoración desfavorable, ante lo que propone medidas para solucionarlo.

Toscano se ha dirigido por escrito a Montoro, mostrándole la "enorme preocupación y desconcierto" de los municipios andaluces cuyos planes de ajuste han sido valorados desfavorablemente, algo que el presidente de la FAMP comparte.

Fuentes de la FAMP han indicado a Europa Press que a nivel nacional "sabemos que hay uno 300 ayuntamientos han visto denegados su planes de ajuste", aunque reconocen que desconocen el dato de municipios andaluces en esa situación.

Toscano solicita que se arbitre "una fórmula para que puedan adaptarse los planes de ajuste no aprobados", que se establezca un sistema "menos gravoso" para los que definitivamente obtengan una valoración desfavorable y, en cualquier caso, que la reducción de la cuantía a retener "no se haga depender de un concepto jurídico indeterminado como son "graves desfases de tesorería" que genera inseguridad jurídica.

Pide, asimismo, que "el tope del 25 por ciento de mínimo de retención previsto, pueda ser sensiblemente disminuido, incluso a menos de la mitad", han indicado fuentes de la FAMP.

Asimismo ha informado al presidente de la FEMP, Juan Ignacio Zoido, de esta iniciativa, haciéndole partícipe de la "grave situación" generada para que desde la FEMP "se adopten las medidas oportunas".

La carta a montoro

En la carta a Montoro, Toscano apunta la existencia de "dificultades para contactar con los servicios de atención e información habilitados por ese Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas", algo que "acrecienta la sensación de indefensión ante la imposibilidad manifiesta de poder recurrir la valoración desfavorable de sus planes de ajuste, siendo escueta la motivación en que se han basado".

Ha agregado que el "desconcierto aumenta" con las declaraciones "contradictorias" de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que ha manifestado que "ahora el Gobierno tiene que aprobar un nuevo decreto para establecer qué formula se aplica para retenerles los PIE (Participación en los Ingresos del Estado)", con la regulación establecida para retenerles el importe de las facturas satisfechas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) contenido en el propio Real Decreto Ley 4/2012.

Considera que la aplicación de sistema planteado por el Gobierno "conllevaría una situación insostenible a las haciendas locales afectadas".

Agregan que, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, el importe de la retención "será del 50 por ciento de la cuantía asignada a la respectivas entidades locales, tanto en cada entrega a cuenta como en la liquidación definitiva anual correspondiente a la participación de los tributos del Estado, excepto cuando la cuantía de la deuda sea inferior a esta cantidad".

Por ello, la FAMP reitera su petición de que "se arbitre una fórmula para que puedan adaptarse los planes de ajuste no aprobados".