El juez admite las escuchas en el caso por tráfico de coca, que se vuelve a suspender hasta mañana

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha admitido las escuchas telefónicas en el caso de los 24 acusados por tráfico de cocaína, desestimando así la nulidad del auto que habían solicitado varias de las defensas. No obstante, el juicio se ha vuelto a suspender hasta este jueves, a las 9.30 horas, a petición de una letrada de la defensa.
Juicio Por Tráfico De Cocaína
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EUROPA PRESS
Juicio Por Tráfico De Cocaína

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha admitido las escuchas telefónicas en el caso de los 24 acusados por tráfico de cocaína, desestimando así la nulidad del auto que habían solicitado varias de las defensas. No obstante, el juicio se ha vuelto a suspender hasta este jueves, a las 9.30 horas, a petición de una letrada de la defensa.

La resolución de las escuchas se explica en un auto razonado porque la presunta vulneración de un derecho fundamental —el secreto de las comunicaciones— lo "merecía", ha explicado el magistrado, quien en este sentido ha indicado que el resto de cuestiones previas se resolverán en la sentencia del juicio.

La defensa planteó la nulidad del auto de las escuchas argumentado que la Policía Judicial no realizó ningún seguimiento de los movimientos de un acusado y no había indicio objetivo de un delito, por lo que, en su opinión, no se justificaba el sacrificio de un derecho fundamental.

El tribunal ha estudiado el auto y el oficio policial, y ha concluido que la Policía Judicial no realizó un seguimiento "exhaustivo" del citado acusado ni de los movimientos que se producían en el bar que regentaba en Astillero. Se trata, según el magistrado, de un dato "objetivo y contrastado", que da la razón a la defensa.

Esta realidad "objetiva y tangible" se pone de manifiesto por la propia Policía Judicial en el oficio en el solicitaba la intervención de dos números de teléfono del acusado. El oficio describe que el imputado se desplazaba en un vehículo de su propiedad adoptando "precauciones" para evitar el seguimiento de la Policía, y que en el bar que regentaba tenía la costumbre de salir fuera y vigilar para detectar si alguien le observaba.

El tribunal también considera que es un dato "objetivo y contrastado" que la Policía había detenido al acusado en un caso anterior por tráfico de drogas, lo que unido al hecho de que éste estaba "receloso" y hacía movimientos para evitar ser controlado por la policía, ofrece "indicios" de que pudiera estar dedicándose nuevamente al tráfico de droga.

Sin embargo, la sala considera que el Juzgado de Instrucción se "excedió" en lo que dijo la policía al señalar que se había realizado un "seguimiento exhaustivo" al acusado, lo que según el magistrado "no es cierto".

Pero ha manifestado que aunque la "técnica de redacción" del auto del juez de instrucción es "deficiente", eso no significa que no haya "datos objetivos" de que el acusado puede dedicarse al tráfico de drogas.

En cuanto a que la intervención del teléfono no se llevó a cabo tras una investigación "exhaustiva", el magistrado ha apuntado que los hechos se produjeron en una localidad pequeña, de 17.000 habitantes, como es Astillero, donde "resulta extremadamente compleja la realización de seguimientos policiales sin que se detecten por la persona objeto de observación, si ésta adopta ciertas precauciones".

También ha argumentado que este tipo de segumientos y la postura del investigado —de vigilancia y recelo— hizo "ineficaces" los "mecanismos de control" que intentó establecer la Policía Judicial.

Con todo, ha subrayado que la Sala asume y acepta los criterios del Tribunal Supremo en cuanto al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, y aplicando esos criterios establece que la limitación del mismo en este caso "quedó justificada", por lo que se desestima la cuestión previa planteada por la defensa de los imputados para solicitar la nulidad del auto.

Se suspende el juicio hasta el jueves

Por otra parte, una de la abogadas ha solicitado la suspensión del juicio para preparar la defensa de uno de sus representados, a quien este miércoles el fiscal ha comunicado una pena de tres años y un día en prisión, en lugar de en un centro, como se había acordado, ha explicado la letrada, quien se ha hecho cargo de esta defensa en sustitución de otro abogado que no podía ejercer en Santander porque no estaba colegiado, lo que retrasó el comienzo del juicio del lunes al martes.

Por este motivo, el magistrado se ha "visto obligado" a suspender el juicio hasta este jueves a las 9.30 horas.

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