Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Brigada Provincnial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas de Gran Canaria, en coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas y el Servicio Público de Empleo Estatal, han procedido a la detención de 23 personas y la desarticulación de un entramado delictivo dedicado a la regularización de extranjeros mediante contratos falsos de empleo, así como al cobro fraudulento de prestaciones por desempleo.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, para este fin, la organización utilizaba una pequeña empresa de construcción y reformas que no ejercía actividad alguna, sino que era usada como tapadera para realizar los fraudes mencionados.

De esta manera, la denominada 'Operación tormenta' se ha desarrollado desde el pasado febrero, permitiendo la detención de 23 personas, entre los que se encuentran un empresario y un letrado especializado en temas de extranjería, ambos afincados en la capital grancanaria.

Además, entre los detenidos, se encuentran seis españoles, doce marroquíes, cuatro colombianos y un brasileño.

La investigación se inició tras detectarse que una falsa empresa de construcción se dedicaba a dar de alta a ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de origen magrebí y sudamericano, para que estos pudieran regularizarse en España o renovar sus permisos, así como llevar a cabo reagrupaciones de sus familiares desde sus países de origen, aportando para ello ante las autoridades españolas nóminas ficticias y contratos de trabajos de la empresa investigada con las que simular una capacidad económica irreal.

Cerca de 250

Trabajadores dados de alta en un año

En este sentido, los agentes se sorprendieron de que en una pequeña empresa de construcción se diera de alta en la Seguridad Social en un periodo de poco más de un año a cerca de 250 trabajadores, en su mayoría ciudadanos extranjeros.

La empresa era utilizada tanto por ciudadanos extranjeros legales en territorio nacional como por españoles, dándose de alta como 'trabajadores' que sin tener actividad laboral alguna, cotizaban en la Seguridad Social los periodos de tiempo necesarios para conseguir las prestaciones por desempleo del INEM.

Por su parte, el titular la empresa, J.G.M.A., era ayudado de manera directa de un abogado/gestor, M.A.G.T., y su secretaria, D.M R.D, los cuales estaban autorizados para utilizar el sistema informático 'RED' de la Seguridad Social siendo los encargados de realizar las altas y las bajas de los supuestos 'trabajadores'.

Una decena de intermediarios captaban 'CLIENTES'

Asimismo el titular de la empresa tenía a su vez una decena de intermediarios de origen árabe, que se dedicaban a captar 'clientes' para dar de alta, no sólo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, si no en otras localidades de la isla e incluso en la península.

Con todo, el 'modus operandi' consistía en que una vez captado el nuevo cliente, este inicialmente debía pagar 400 euros —100 para el abogado/gestor y el resto para el titular de la empresa, que le daba una comisión al intermediario—, más una mensualidad de 200 euros por cada mes que permaneciera de alta.

Además de facilitar al trabajador algún tipo de documento de la empresa para presentar ante las autoridades españolas como reconocimiento de alta, certificados, nóminas, etc., el 'trabajador' debía de personarse en el despacho del gestor con un papel "manuscrito" del empresario donde le autorizaba a retirar dicha documentación tras comprobar que estuviera al corriente en los pagos y entregar en mano al abogado/gestor entre 30 y 50 euros por la confección del documento.

La Policía Nacional destacó también que si el contrato solicitado o las nóminas debían de reflejar altas cantidades para que los ciudadanos extranjeros pudieran acogerse a la figura de la "reagrupación familiar" recogida en el articulo 17 de la Ley Orgánica. 4/2000 y sus reformas, el precio aumentaba considerablemente, pudiendo llegar hasta los 1.000 euros.

El titular nunca pagó las cuotas de los trabajadores en la seguridad social

El titular de la empresa en ningún momento llegó a pagar las cuotas de los trabajadores en la Seguridad Social, acumulando una deuda por el momento de un valor de 653.429,27 euros.

Los mismo ocurría con las subvenciones por desempleo que han cobrado de manera fraudulenta por parte de los supuestos trabajadores de dicha empresa, ascendiendo a un total de 183.504 euros.

Así, el pasado día 25 de abril, se inició el dispositivo de localización y detención de los principales implicados y se procedió igualmente a realizar dos registros domiciliarios, uno en el domicilio del empresario J.G.M.A. y otro en el despacho profesional del abogado gestor M.A.G.T., incautándose en ambos lugares de abundante documentación relativa a la investigación.

De esta manera, mientras los funcionarios daban cumplimiento al mandamiento de entrada y registro dictado por la autoridad judicial para el despacho profesional del letrado implicado, se personaron más de una decena de ciudadanos extranjeros dispuestos a 'contratar' el servicio y convertirse en nuevos trabajadores de la empresa investigada.

Finalmente, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones y actuaciones sancionadoras por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y el Servicio Estatal de Empleo, permaneciendo en prisión preventiva el titular de la empresa, dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas.