El Gobierno de Aragón quiere consensuar con partidos y sector una propuesta de modificación de la planta judicial

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado que el Ejecutivo aragonés "va a abrir una ronda de contactos" con todos los agentes afectados por la modificación de la planta judicial, es decir, "con jueces, fiscales, secretarios y funcionarios", así como con todos los grupos del Parlamento aragonés "para intentar llevar la propuesta más cerrada posible desde el ámbito de Aragón" en esta materia.
Roberto Bermúdez De Castro
Roberto Bermúdez De Castro
EUROPA PRESS
Roberto Bermúdez De Castro

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado que el Ejecutivo aragonés "va a abrir una ronda de contactos" con todos los agentes afectados por la modificación de la planta judicial, es decir, "con jueces, fiscales, secretarios y funcionarios", así como con todos los grupos del Parlamento aragonés "para intentar llevar la propuesta más cerrada posible desde el ámbito de Aragón" en esta materia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bermúdez de Castro ha señalado que si bien la Ley de planta y demarcación judicial "es muy antigua" y "hay que llevar algún tipo de modificación", el Gobierno de Aragón "no está de acuerdo" con la propuesta de distribución que recoge un informe del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

Al respecto, ha puntualizado que es un informe de carácter no vinculante y su propuesta "está hecha desde un despacho de Madrid, sin conocer en absoluto cómo es Aragón", además de que "la modificación de la planta y demarcación judicial no es competencia del CGPJ", que, en su opinión, "se ha metido en un jardín y nos ha metido en un jardín a las Comunidades autónomas y al Gobierno central".

Bermúdez de Castro ha indicado que ni el Ejecutivo central ni el Gobierno aragonés "han dicho una palabra de esto" y ha precisado que el "compromiso" del Gobierno de la nación "es escuchar a las Comunidades autónomas", como se puso de manifiesto en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada este lunes en Madrid.

El consejero ha comentado, asimismo, que "hay que adecuar a las condiciones actuales las sedes judiciales" y realizar alguna modificación de la planta judicial "porque las comunicaciones de antes no son las de ahora" y "antes había distancias que ahora no existen".

Entre otras cosas, ha mencionado la posibilidad de "buscar órganos más provincializados y racionalizar el gasto", pero "esto no va a suponer el cierre de edificios judiciales" porque "nadie nos perdonaría" cerrar edificios recién acabados, como los juzgados de Fraga o que en el nuevo Palacio de Justicia que se está construyendo en Huesca "no quepan los juzgados".

Subida de tasas judiciales

Por otra parte, el consejero de Justicia ha recordado que la subida de las tasas judiciales para segunda instancia se aprobó por el Consejo de Ministros hace unas semanas, es una competencia del Gobierno de la nación y ya está publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Esto va a suponer para el Estado un aumento de recaudación de 300 millones de euros" y el compromiso del Gobierno "es que se dedique a la justicia gratuita", ha dicho Bermúdez de Castro.

Además, este lunes, en la Conferencia Sectorial de Justicia se decidió "crear un grupo de trabajo para ver cómo se articula el pago de esa justicia gratuita y el pago o transferencia de estas tasas a las Comunidades autónomas".

El consejero ha apuntado que la justicia gratuita, en el conjunto de España, "ha sufrido una subida exponencial, en Aragón más de un 20 por ciento de los últimos años", por lo que "cuando recibimos las transferencia de Justicia el coste del servicio asignado por la justicia gratuita era menor al que se presta actualmente".

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