Las personas expulsadas lo fueron al negárseles el permiso de trabajo por padecer diferentes enfermedades y dolencias, como diabetes, hepatitis, VIH, miopía, cáncer, sordera, ansiedad, dolencias cardiacas u obesidad.

Médicos Progresistas, que califica de "Reich" al gobierno del país de los Pirineos, dice que Andorra vulnera de este modo "los derechos humanos que protegen los protocolos internacionales que firmó en 1998", e incluso su propia Constitución.

El 70% de la población andorrana proviene de países europeos, y todas la solicitudes pasan por el filtro de unas pruebas médicas que determina la idoneidad del inmigrante.

Hasta 88 dolencias pueden ser motivo de exclusión.

El 11 de julio, el Parlamento europeo admitió estudiar "el problema de derechos humanos en Andorra", a petición del partido de los Verts andorrano, ya que "podría ser el foro adecuado para tratar algunos de los elementos planteados", a pesar de que Andorra no pertenece a la UE.

El Parlamento Europeo se ampara en que Andorra firmó un Acuerdo de Cooperación con la UE el 15 de noviembre de 2004, y está en vigor desde 2005.

El acuerdo estipula que "las partes contratantes evitarán todo tipo de discriminación con respecto a los trabajadores nacionales de la otra parte que residan legalmente en los territorios".

Buena vecindad

Fuentes del Gobierno de Andorra dijeron a 20 minutos que "la situación de los inmigrantes españoles y franceses podría cambiar próximamente", en virtud del tratado de buena vecindad y reciprocidad entre Andorra, España y Francia.

El resto de "inmigrantes se quedaría fuera de este trato igualitario", denuncia Médicos Progresistas.

Ayuda humanitaria

Andorra ha acogido a cinco de los 51 inmigrantes que se encontraban en el barco español Francisco y Catalina en las costas de Malta.

Dichos inmigrantes no se someterán a las pruebas médicas que regulan la ley de extranjería andorrana.

Médicos Progresistas ha denunciado que "se trata de un lavado de imagen" y ha exhortado al Gobierno andorrano a que haga extensible esta ayuda humanitaria al resto de inmigrantes.

El Ejecutivo de Andorra considera todo "una campaña de desprestigio contra el país".