El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado este martes que el Consell recurrirá la decisión de Bruselas que obliga al Gobierno valenciano a recuperar 265 millones de ayudas ilegales a la Ciudad de la Luz de Alicante, y ha destacado que tienen la "tranquilidad" de que ese dinero "tal como se defendió está bien empleado"

Según ha asegurado el jefe del Consell, la Generalitat recurrirá "desde la tranquilidad de que lo que hicimos en su momento estaba bien hecho y así lo avaló el Gobierno". "No conocemos el fallo en profundidad, pero el comisario Almunia —el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia— ya me anticipó la semana pasada lo que podía pasar", ha dicho Fabra a los medios de comunicación, tras visitar en la localidad valenciana de Tavernes Blanques el Museo Lladró.

"Desde este momento, nos ponemos a disposición del Gobierno de España como de la Unión Europea. Vamos a estudiar el fallo y tenemos la tranquilidad de que ese dinero está bien empleado", ha manifestado el presidente de la Generalitat.

Fabra ha asegurado que en la utilización de esos fondos europeos "no ha habido competencia desleal". El presidente ha explicado que la aportación que se hizo "no se podía entender como una ayuda estatal porque era como un inversor privado dentro de una economía de mercado".

Así lo demostraron "los estudios y las auditorías que se hicieron" sobre aquellas ayudas europeas a la Ciudad de la Luz. "Tenemos la tranquilidad y la seguridad de que aquellos informes nos avalaban de que lo que se hizo estaba bien hecho", ha insistido. Fabra ha añadido que "así lo entendió el Gobierno de España" que es el que "también consiguió que esas ayudas se derivaran a la Comunitat", ha añadido.

265

Millones de euros

La Comisión Europea ha dictaminado este martes que las ayudas públicas de 265 millones de euros concedidas por el Gobierno valenciano a los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz de Alicante son ilegales y, por tanto, deben ser devueltas por el beneficiario.

Tras realizar una investigación en profundidad, el Ejecutivo comunitario ha concluido que "ningún inversor privado habría aceptado invertir (en la Ciudad de la Luz) en los mismos términos" que el Gobierno valenciano y que la financiación pública "distorsiona enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos".