La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique pide al Gobierno regional que haga lo mismo que Andalucía y el País Vasco y recurra al Tribunal Constitucional el decreto de Rajoy que elimina la universalidad y gratuidad de la Sanidad, pilares básicos de nuestro sistema nacional salud.

"Pedimos al Gobierno que haga valer sus competencias para ello, porque la sostenibilidad de la sanidad pública no se obtiene eliminando derechos ciudadanos, sino gestionando con eficacia", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

Rosique señaló que Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, vulnera derechos fundamentales e invade competencias autonómicas. El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada una moción en la Asamblea en la que pide a Valcárcel que en defensa de los ciudadanos de la Región, manifieste ante el Ministerio de Sanidad el rechazo a sus medidas y estudie presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Asimismo, indicó que esto mismo también se lo reclamará directamente a la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios el próximo miércoles en la Cámara, donde comparecerá a petición del PSOE y de ella misma.

"Queremos mostrar nuestro más profundo rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno de España, contempladas en este Real Decreto. El Gobierno de Rajoy se está aprovechando de la crisis para desmantelar el sistema Nacional de Salud que disfrutábamos hasta ahora", ha apuntado.

Por otro lado, recordó que el Real Decreto 16/2012 "acaba con la universalidad del Sistema, al tiempo que nos hace retroceder más de 30 años, volviendo al sistema de aseguramiento y beneficencia anterior a la democracia".

Y es que, la diputada socialista incidió en que con este decreto, se dejará de tener reconocido el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria por el hecho de ser ciudadanos, sólo se tendrá en el caso de ser asegurado o si, siendo español o inmigrante con permiso de residencia, se demuestra que se carece de recursos.

"Por primera vez, los jóvenes de más de 26 años, que no hayan accedido a su primer empleo, no tendrán derecho a la asistencia sanitaria gratuita; tampoco aclara la situación de otros colectivos como las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social", critica, y añade que se excluye de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, sólo se mantiene para las situaciones de urgencia, embarazo, parto o postparto y menores de 18 años.

Igualmente, subraya que con este Real Decreto se penaliza a los pensionistas, que tendrán que pagar por primera vez en España por los medicamentos. Otra medida injusta es el incremento del copago para los enfermos crónicos y para los trabajadores que están en activo y parados que no son de larga duración.

"que abandone la sumisión"

La diputada denuncia que "el Gobierno de Rajoy se ha atrevido, incluso, a exigir copago por el transporte sanitario no urgente, que utilizan enfermos que necesitan tratamientos oncológicos o hemodiálisis, entre otros. Habrá copago, también, para los productos dietéticos terapéuticos que necesitan los enfermos de cáncer o personas mayores".

Además, el Decreto aplica un 'medicamentazo' que está por definir y que consiste en la exclusión de la financiación pública de algunos medicamentos para dolencias menores de uso común. Así, se incluyen en el copago farmacéutico los medicamentos que se retiraban, hasta ahora sin coste, en los servicios de farmacia de hospitales para tratamientos oncológicos, VIH, hepatitis, fertilidad y artritis reumatoide, entre otros.

"Queda por conocer el copago de la cartera de servicios sanitarios, que el Gobierno aún no ha definido y que va a establecer que, por determinadas prestaciones sanitarias, los ciudadanos tengamos que pagar", indica.

Al hilo, Rosique argumentó que "este ataque del Gobierno de Rajoy a los derechos en materia de salud de los españoles y, en nuestro caso, de los ciudadanos de la región de Murcia exige que el Gobierno regional actúe con carácter inmediato y se oponga a acatar dichos recortes".

"Otros Gobiernos como Andalucía y País Vasco ya han anunciado que no aplicarán y presentarán un recurso de inconstitucionalidad al decretazo". Por ello pidió al presidente Valcárcel que se sume y haga lo mismo en nuestra Comunidad autónoma.

Finalmente, ha pedido al Gobierno de Valcárcel que abandone "la sumisión al Gobierno de Rajoy y recupere el carácter tan reivindicativo y exigente que tenía con el Gobierno socialista".