El Gobierno acuerda 33,5 millones en medidas para reactivar la economía e introduce el 'céntimo sanitario'

El Ejecutivo pretende ahorrar 60,4 millones de euros con la aplicación de los ajustes del Estado y recortes en personal Se aumentará la jornada laboral de los funcionarios y no se aplicará la amnistía fiscal
Yolanda Barcina Y Roberto Jiménez.
Yolanda Barcina Y Roberto Jiménez.
EUROPA PRESS
Yolanda Barcina Y Roberto Jiménez.

El Ejecutivo pretende ahorrar 60,4 millones de euros con la aplicación de los ajustes del Estado y recortes en personal

Se aumentará la jornada laboral de los funcionarios y no se aplicará la amnistía fiscal

Los dos partidos que conforman el Gobierno de Navarra, UPN y PSN, han suscrito un acuerdo para cuadrar el desfase presupuestario, un acuerdo que contempla la inversión de 33,5 millones de euros en nuevas medidas para promover la reactivación de la economía navarra y la generación de empleo, así como nuevas medidas fiscales como el 'céntimo sanitario' o el "refuerzo" del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal.

El acuerdo ha sido firmado en la sala de prensa del Gobierno de Navarra por la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, y el vicepresidente primero, Roberto Jiménez. Se encontraban también en la sala el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Álvaro Miranda, y el consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin.

Para compensar este mayor gasto así como el desfase presupuestario de 53,9 millones originado por los menores ingresos previstos para el ejercicio, el Gobierno de Navarra prevé una gestión más eficiente del gasto público y la puesta en marcha de nuevas medidas fiscales.

Así, por la vía del gasto, el Ejecutivo pretende ahorrar 60,4 millones de euros, resultantes fundamentalmente de las medidas de ahorro en materia de personal y de la aplicación de las medidas de ajuste presupuestario del Estado en Navarra y el aumento de la jornada a los funcionarios hasta las 37,5 horas.

Y por la vía de los ingresos, se pretenden recaudar 27 millones de euros adicionales mediante la aplicación en Navarra de dos medidas principales, además de la aplicación en Navarra de la nueva imposición sobre las labores del tabaco y las modificaciones en el Impuesto de Sociedades. Por un lado, de una medida fiscal que está vigente en otras Comunidades Autónomas, la implantación del tramo autonómico del céntimo sanitario.

Así, el Gobierno foral ha fijado un tramo de 0,24 céntimos por cada litro de gasolina y gasóleo. Devolverá a los transportistas el importe correspondiente al tramo autonómico. La recaudación prevista por esta vía es de 8 millones de euros.

Por otro lado, el Ejecutivo ha acordado la puesta en marcha de una batería de medidas para incrementar la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal (pretende recaudar 14 millones) y un incentivo para la presentación de declaraciones complementarias o sustitutivas para cualquier contribuyente de cualquier impuesto.

Roberto Jiménez ha sido tajante al afirmar que la Hacienda foral "no perdona" a los defraudadores. "Los perseguimos con todos los medios a nuestro alcance", ha dicho, para señalar que "en el acuerdo se rechaza expresamente la aplicación de cualquier amnistía fiscal". "Defraudar en Navarra sale muy caro", ha insistido.

Tras señalar que hay un "endurecimiento" de las sanciones, Jiménez ha indicado que se abre un periodo, hasta diciembre, "para incentivar a quien ha defraudado que venga a ponerse a bien con todos los navarros y pagar lo que debe". "Haciéndolo voluntariamente tendrá alguna bonificaciones en la multa", ha dicho, para asegurar que "quien debe cien pagará cien".

El paquete aprobado se complementa con un cuarto capítulo de medidas sociales: el mantenimiento de la ratio de alumnos por clase en la red de enseñanza pública de la Comunidad Foral, dentro del marco normativo ahora vigente; la garantía de la actual asistencia médica a los residentes en Navarra (empadronados antes del 30 de abril de 2012) que no tienen la nacionalidad española, y la organización de una alternativa al servicio de transporte sanitario gratuito.

El Gobierno de Navarra ha fijado como fecha límite para la tramitación o la puesta en marcha de todas las medidas y cambios normativos que procedan el próximo 30 de junio.

"acuerdo en lo fundamental"

La presidenta ha manifestado que es "obligación del Gobierno cuadrar nuestras cuentas" y ajustar los 54 millones de euros. "Hemos optado por incrementar los ingresos pidiendo un esfuerzo adicional a todos los ciudadanos y también por hacer más eficiente nuestra propia Administración", ha explicado, para añadir se trata de mantener "nuestros pilares de bienestar y realizar medidas para incentivar la economía".

Según ha dicho, "una vez más el Gobierno de Navarra formado por dos partidos diferentes ha sabido llegar a un acuerdo en lo fundamental". "En lo difícil sabemos estar juntos para conseguir que Navarra avance por la buena senda", ha añadido.

La presidenta, que ha esperado que éstas sean medidas "transitorias" en el actual contexto económico, ha manifestado que son medidas "duras", pero que "hay que hacerlas pensando así que la economía será mejor en un futuro y habrá más puestos de trabajo".

Por su parte, Roberto Jiménez ha dicho que "no ha sido una negociación ni sencilla ni fácil, primero por el contexto muy complicado desde el punto de vista económico y porque somos dos partidos distintos". No obstante, ha asegurado que el acuerdo alcanzado es "satisfactorio", además de "beneficioso para los navarros".

Según ha dicho, "nos hemos puesto de acuerdo en cuestiones fundamentales, no son necesarios más recortes de gasto público a excepción de las materias de ahorro en capítulo I (personal) y aumentamos la capacidad de ingresos con nuevos tributos y un gran esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal".

El vicepresidente ha señalado que al PSN lo que más le ha costado acordar es lo relativo a la jornada de los funcionarios. Si bien se había opuesto a su aumento, ha afirmado que con lo acordado "no se va a destruir empleo" y el aumento "se orientará a la reducción de listas de espera y a la mejor atención sanitaria".

Reactivar la economía

Para dinamizar la economía y frenar así la destrucción de empleo, el Gobierno ha acordado un nuevo Plan de Dinamización de la Economía y el Empleo en Navarra, que el Gobierno diseñará junto con los agentes económicos y sociales firmantes del Plan de Empleo, que tenga como referencia las prioridades del Plan Moderna. El plan estará dotado con 20 millones y deberá estar aprobado dentro del presente mes de mayo y todas las convocatorias lanzadas dentro de junio.

Igualmente, se busca la agilización de proyectos estratégicos para Navarra, tanto los trámites propios como los acuerdos con otras Administraciones, para que proyectos urbanísticos y de obra pública ya previstos sirvan como generadores de actividad económica y empleo. El acuerdo recoge en este sentido todo el desarrollo del TAV en la Comunidad foral, la continuación de las obras del Canal de Navarra, además de otros como el nuevo centro de Formación Profesional de San José como centro de máximo nivel nacional, o la construcción del nuevo centro de Formación Profesional de Salesianos, cuya inversión prevista supera los 1.000 millones de euros.

Según el acuerdo, estos proyectos, además, permitirán el desarrollo de iniciativas privadas como la construcción de viviendas, así como la construcción de tres centros de investigación, y la puesta en riego de mayor número de hectáreas en la Comunidad foral.

A estos proyectos se sumará, por parte del Gobierno foral, la aceleración de la licitación de obras por las entidades locales para favorecer procedimientos de contratación anticipada por importe de 25 millones de euros en 2012, con el objetivo de reactivar el sector de la obra pública.

El tercer bloque recoge las medidas ya aprobadas para el fomento del empleo, mediante el apoyo a la contratación de trabajadores y perceptores de renta básica, y cuyo presupuesto es de 12,5 millones de euros. Y el cuarto se refiere a la modificación de la legislación en materia de contratos, de forma que se mejoren las garantías, se agilicen los trámites ante reclamaciones, y se incorporen procedimientos más actuales en la gestión de las obras públicas y servicios.

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