Las defensas de varios de los 24 acusados de formar varias redes de tráfico de cocaína que traían del extranjero y distribuían en la región, así como en Valencia y Madrid, han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil y en consecuencia, de las pruebas obtenidas en aplicación del auto, y el magistrado ha aplazado el juicio hasta este miércoles a las 9.30 horas.

La vista tenía que haber comenzado este lunes pero se suspendió por cuestión administrativa, y lo ha hecho hoy aunque no estaban presentes tres de los acusados. De hecho, una de las defensas ha solicitado la suspensión del juicio porque sus representados "ignoraban" que había sido citados.

Sin embargo, el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha rechazado esta alegación asegurando que todos ellos han recibido las citaciones en el domicilio que facilitaron cuando les requirió el juzgado de instrucción, con lo que su ausencia es "injustificada" y por tanto se adoptarán las medidas oportunas.

También se ha resuelto la cuestión administrativa que este lunes obligó a aplazar el juicio porque uno de los abogados defensores no estaba incorporado al Colegio de Abogados de Cantabria y no tenía la condición de colegiado ejerciente en Santander. Éste ha dicho que no ha recibido la notificación al respecto y ha sido sustituido por una letrada.

La sesión de este martes se ha prolongado hora y media y sólo ha abordado las cuestiones previas. Las defensas de varios acusados han coincidido en solicitar la nulidad del auto que autorizó las escuchas telefónicas a uno de los implicados alegando falta de motivación, así como que ésta se sustenta en "especulaciones e hipótesis", advirtiendo de la posibilidad de que se anule el juicio —con lo que ello implica, al tener 24 acusados— en caso de admitir las escuchas.

Además, otra defensa ha esgrimido "total ausencia de control judicial" porque numerosos documentos no estaban firmados por el secretario, porque en algunos no se identificaba al titular y porque el oficio policial que dio lugar al auto no estaba suficientemente justificado, entre otros aspectos.

Se trata de unos argumentos que ha rechazado el Ministerio Fiscal, que ha sostenido que la firma del secretario está en los originales, no en las copias; y que no es "habitual" identificar al titular de un teléfono, sobre todo porque suelen personas no identificadas o conocidas por apodos, lo que en todo caso no es motivo de nulidad, en su opinión.

En cuanto al oficio policial, ha precisado que, antes de solicitar la escucha, la Guardia Civil llevaba un mes y medio investigando a "objetivos sospechosos de tráfico de drogas". Así, ha explicado que el acusado realizaba "contravigilancia" cuando iba en coche, y que en el bar que regentaba en Astillero había "un movimiento constante y rápido de gente", a los que "no daba tiempo de tomar una consumición", lo que al fiscal le sugiere la existencia de "trapicheos" de droga.

De ahí, ha dicho, que los agentes pretendieran constatar "estos elementos" mediante las escuchas y así "atrapar" tanto a esta persona como al proveedor. Por ello ha asegurado que "se han cumplido todos los elementos que pide el Tribunal Supremo" para autorizar una escucha.

Igualmente ha rechazado las insinuaciones de las defensas de que el auto fue "algo que le colaron a la jueza", ya que éstas han incidido en que quien lo firmó fue una jueza sustituta y no el titular. El fiscal ha subrayado que el fundamento del auto era "más que suficiente para justificar la medida"; una medida que se ha demostrado "eficaz" y que se empleó porque la Guardia Civil "no tenía otros medios" para llegar al acusado, ha insistido.

Dada la "magnitud" de las cuestiones previas, el magistrado ha aplazado el juicio hasta este miércoles. HECHOS

El fiscal solicita una condena de nueve años de cárcel y multa de 700.000 euros para el principal acusado y supuesto cabecilla de la red, Reynel de Jesús P. L., que se encargaba de traer la droga desde el extranjero, principalmente de países latinoamericanos.

La traía mezclada con otras sustancias para dificultar su intervención y posteriormente la separaba a través de procesos químicos.

Fue detenido el 8 de mayo de 2010 en Valencia, cuando llevaba un cuadro supuestamente de Goya —y que resultó ser de un autor desconocido— que iba a trasladar a Madrid para su venta.

En el domicilio que compartía junto a otro de los acusados, Juan Alberto R. L., con el que colaboraba directamente, se intervinieron más de 10 kilos de cocaína, con una pureza del 100%.

Otro de los acusados, Jairo de Jesús C. V., se encargaba al parecer de viajar a Colombia para transportar después la cocaína a España, que luego se distribuía a través de varias redes.