La defensa del joven condenado por la muerte de María Esther, en la localidad malagueña de Arriate en enero de 2011, ha solicitado que se anule la sentencia y se absuelva a su cliente y ha argumentado que se han vulnerado derechos fundamentales en la investigación. Por contra, las acusaciones, Fiscalía de Menores y la familia de la víctima, han pedido que la resolución sea confirmada, alegando que los hechos están acreditados y la instrucción fue correcta.

La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha acogido este jueves la vista a puerta cerrada por el recurso de apelación presentado por la defensa del joven contra la sentencia del Juzgado de Menores número 1 de Málaga que le condenó por un delito de asesinato a ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco de libertad vigilada. En la comparecencia, han declarado tres testigos propuestos por la defensa y las acusaciones se han opuesto al recurso.

Al término de la vista, el abogado defensor, Andrés Gálvez, ha explicado que primero se pide que se anule la sentencia, pero con independencia "se impugnan otros pronunciamientos", como la calificación del hecho como asesinato y también la responsabilidad civil, al considerar que no hubo alevosía. Ha dicho que "desde el primer momento se han llevado a cabo las actuaciones con todo un cúmulo de irregularidades e infracciones procesales".

En este punto, ha puesto como ejemplo "llevar a cabo actuaciones de detención y entrada y registro sin algo tan elemental como la presencia de un letrado, no llevarse a cabo la toma de muestras con control judicial, no hay tampoco una autorización judicial para ese sondeo de prueba masiva de ADN y tampoco hay constancia de a qué personas se ha tomado las muestras iniciales, que supuestamente luego se cotejaron".

Asimismo, Gálvez ha explicado a los periodistas que aparecieron ADN "distintos a los del menor y simplemente se imputa al menor". "Desde el primer momento no se ha querido averiguar los hechos, no se ha querido averiguar al responsable o los responsables de los hechos sino averiguar en el menor al responsable de los hechos y contra eso evidentemente no se puede luchar", ha indicado el letrado defensor, quien ha incidido en el "cúmulo de irregularidades".

Sobre los testigos propuestos por él, ha señalado que ha faltado uno de los cuatro que fueron admitidos por la Sala y se ha denegado la suspensión de la vista para volverlo a citar. Además, ha dicho que ni el menor ni sus padres han sido citados, con lo que "se le ha negado el derecho a la última palabra al acusado, que debería haberla tenido puesto que se han practicado pruebas que forman parte de un juicio y que no se hicieron en su momento".

Investigación "perfecta"

Por su parte, la abogada de los padres de la víctima, Bárbara Royo, ha indicado que tanto ella como la Fiscalía han defendido "la virtualidad de la investigación, que ha sido perfecta", porque, ha señalado, "no ha habido ni un solo derecho fundamental y ni una sola norma de procedimiento vulnerados" y los informes emitidos por la Guardia Civil, cuya actuación "ha sido intachable", son "absolutamente válidos".

Ha apuntado que el ADN del joven "está por todas partes". Respecto a la alevosía, la letrada ha explicado que para las acusaciones "está suficientemente acreditada", incidiendo en que ya quedó demostrado también en el juicio. "María Esther no se pudo defender, se aprovechó de las circunstancias del lugar y tiempo", ha indicado y ha destacado que "además se aprovechó ese estado de indefensión para asegurarse el resultado, que era la muerte".

Respecto a los testigos que ha aportado la defensa, la abogada ha asegurado que "no han aportado absolutamente nada, eran absolutamente inocuos". Ha insistido en que "los hechos están claros", incidiendo en que "es un caso de asesinato con alevosía", además de que "hay pruebas biológicas que implican al acusado".

Ha indicado que el menor está cumpliendo una medida cautelar en un piso tutelado y de confirmarse la sentencia "pasará a cumplir su medida de régimen cerrado", normalmente en un centro de menores, aunque ha explicado que la Ley del Menor contempla que una vez oídas a las partes el juez pueda decidir el paso a prisión "siempre y cuando el tratamiento no esté dando resultado".

Los padres de la pequeña, Juan y Carmen, también han acudido a la Ciudad de la Justicia, aunque no han podido entrar en la vista por el recurso. El progenitor ha señalado que los hechos quedaron "claros" tras el juicio, apuntando "las huellas están ahí, el ADN está ahí". Ha considerado que "lo que está buscando" es que mientras siga el caso "el asesino de mi hija está en un piso tutelado", tiempo que, ha dicho, "le cuenta" para la condena.

Ha recordado que "el Gobierno dijo que iba a cambiar la Ley del Menor", apuntando que están en contacto con otras familias, como el padre de Mariluz y la madre de Sandra Palo.