Unió Mallorquina (UM) puso en marcha un departamento dentro de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) presuntamente con el único fin de gestionar "favores" a personas y entidades afines a la formación, contratar a quienes hubieran realizado funciones políticas en beneficio del partido e impulsar directrices que pudieran favorecer la imagen de la formación así como de sus dirigentes, más en concreto de los excargos públicos Miquel Nadal y Cristina Cerdó.

Así se desprende de las pesquisas llevadas a cabo en el marco del caso Ossifar, cuyo secreto ha sido recientemente levantado, y de la declaración efectuada por el exjefe del área de Medio Ambiente de Emaya Germán Chacártegui, quien en dependencias de la Guardia Civil señaló que el departamento fue denominado Ciudadanía y manifestó que "no tenía razón de existir" puesto que ya existía el llamado Call Center de atención al ciudadano las 24 horas del día.

Según explicó, entonces la gerente de Emaya era Malen Tortella, la encargada del departamento era Leonor Jiménez y tan sólo trabajaban cuatro personas más. Tal y como recordó, Tortella, en presencia de la exconcejal de Medio Ambiente Cristina Cerdó, les indicó que "todo el mundo que se contratara debía pasar por esa oficina" y que en ella "se les daría una charla". Todo ello formaría parte de una estrategia política conocida como Xarxa y que en Emaya estaría representada a través del departamento Ciudadanía.

En este contexto, Leonor Jiménez era la encargada de dirigir las contrataciones y que la función del departamento fuese "única y exclusivamente facilitar las contrataciones de personal afín a UM así como dar un trato de favor hacia todas las recomendaciones que vinieran de la dirección".

A fin de comprobar las afirmaciones de Chacartegui, defendido por el abogado Juan José Cano de Alarcón, el Instituto Armado solicitó documentación a Emaya, su presupuesto y funciones, entre otros datos, tras lo cual se comprobó efectivamente que no existe documentación, estatutos, organigrama, objetos o funciones ni presupuesto de soporte alguno referente al área de Ciudadanía.

En concreto, al margen de la puesta en marcha de este departamento, el caso Ossifar, en manos del Juzgado de Instrucción número 2, eleva a entre uno y 1,5 millones de euros los fondos que presuntamente se desviaron a través de la adquisición de contenedores soterrados de basuras a la empresa Seguridad y Limpiezas S.A.

Unos hechos que se produjeron después de que el Ayuntamiento convocase el 10 de febrero de 2009 un concurso para instalar en algunas calles de la ciudad un nuevo sistema de contenedores soterrados, importados por distribuidores españoles de países como Italia y Finlandia debido a sus ventajas medioambientales y sanitarias. A la convocatoria concurrieron empresas locales y dos UTE -la formada por Llull Sastre Construcciones y Contratistas Mallorquines Asociados, y la UTE Adecuación Calles Palma- que resultaron adjudicatarias el 16 de marzo de estas licitaciones.

Sin embargo que, tras resultar adjudicataria, la UTE Adecuación Calles Palma firmó en abril un contrato con Seguridad y Limpiezas para adquirir los denominados contenedores Easy a un precio superior al que presentó al Ayuntamiento cuando dio a conocer su oferta, sin que hasta el momento haya sido justificada esta decisión, tal y como refleja una resolución de la Comisión Nacional de la Competencia a la que tuvo acceso Europa Press.

Tras detectarse estas supuestas irregularidades, el equipo de gobierno liderado por la exalcaldesa Aina Calvo puso estos hechos en conocimiento del Ministerio Público en verano de 2009. De forma paralela, el Consistorio también interpuso una denuncia ante la anterior Comisión contra Seguridad y Limpiezas S.A. y otras tres empresas -Nord Engineering, Reparaciones Técnicas y Servicios Avant y Schmitdt Ibérica de Equipos de Mantenimiento de Carreteras (RTSAvant)-, que finalmente fue archivada.