El Gobierno de Cantabria confirma el cierre del comedor social de Santoña pero asegura que "nadie va a quedar desatendido" por esta medida.

Así lo ha asegurado este lunes la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, en una rueda de prensa en la que también ha anunciado el cierre de la residencia de La Pereda y la externalización del centro de día de Castro Urdiales.

Tras asegurar que el Ejecutivo regional "no tiene previsto tomar ninguna medida más" en este sentido, Sáenz de Buruaga ha cuestionado el modo en el que prestaba su servicio este comedor, pues, según ha explicado, ni funcionaba todos los días —sólo de lunes a viernes— no atendía sólo a personas sin recursos ya que "el único requisito" era estar empadronado en Santoña, sin atender a criterios de renta.

A su juicio, en un momento de crisis y de "extrema necesidad" como el actual, "hay que priorizar los servicios" y no se puede dedicar 200.000 euros anuales "para un comedor que no es social". Como alternativa, ha propuesto la adhesión de aquellas personas que acudían al comedor —aproximadamente una treintena en horario de comida y "bastantes menos" para la cena y el desayuno— al catering social.

Sáenz de Buruaga ha señalado que el hecho de que este reunión sirviera como lugar de encuentro para sus beneficiarios tampoco justifica el mantenimiento del comedor y ha recordado que en el municipio existen otras instalaciones en el municipio para que éstos puedan reunirse.

Por otra parte, la consejera ha asegurado que el anterior Ejecutivo regional (PRC-PSOE) había tomado la decisión de cerrar este comedor, si bien, al perder las elecciones, decidieron "traspasar la responsabilidad" al siguiente Ejecutivo regional.

A su juicio, muestra "evidente" de ello fue que el bipartito PRC-PSOE "amortizó todos los puestos de trabajo" y firmó una encomienda de gestión para trasladar a la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social la gestión del comedor.