El sindicato vasco ELA y el sindicato gallego CIG estudiarán si procede presentar una denuncia penal o una querella criminal en el Tribunal Supremo (TS) contra los partidos que han estado en el Gobierno y contra el gobernador del Banco de España "por su comportamiento en la gestión de la crisis durante todos estos años".

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz 'Txiki', acompañado del secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, ha opinado que "se ha organizado un complot, una conspiración para hacer un saqueo a las cuentas públicas y para hacer todo lo posible para que los dineros del gasto social vayan a pagar los agujeros que han provocado personas concretas".

Es por ello que ELA y CIG ha acordado que sus respectivos servicios jurídicos estudien si procede una denuncia penal o una querella criminal contra los responsables políticos y contra el Gobernador del Banco de España "por su comportamiento en la gestión de la crisis".

Ambos han censurado tanto las reformas del expresidente del Ejecutivo, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, como la reforma laboral del actual presidente, Mariano Rajoy, porque "tienen como objeto una caída en picado de los salarios, la flexibilidad brutal del mercado de trabajo y debilitar la defensa colectiva del movimiento sindical".

A su juicio "todos los gobiernos tienen como objetivo común darle a la patronal todo lo que quiere". Ante esta situación "muy complicada", Muñoz ha explicado que su voluntad es la de "reafirmar que la gente que sufre y que va a sufrir más en el mercado de trabajo va a necesitar más que nunca de los sindicatos".

En este sentido, ha indicado que la reforma constitucional que se hizo el pasado mes de septiembre en la que "se dice que la prioridad de la política es el pago de la deuda", supone que "la prioridad es el pago de los que especulan con la deuda pública", una decisión "compartida por el PSOE y por el PP".

Seixo se ha referido en particular a la situación de Galicia, con un índice de paro superior al 20 por ciento, y con un Gobierno autonómico que realiza "puro seguimiento de las políticas que se marcan en el Estado", lo que ha considerado una situación "altamente preocupante".

Finalmente, el secretario general de ELA ha señalado que "en una democracia los responsables tienen que aparecer y tienen que pagar". "Porque no han hecho otra cosa que mentir sistemáticamente para proteger los intereses del mercado financiero y lo han hecho juntos", ha concluido.