Las defensas de los acusados en el caso 'Malaya' han expuesto este martes documentos y argumentos en su interrogatorio a los dos principales investigadores de la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga) con la intención de contrarrestar los indicios policiales que se han manejado en esta investigación. No obstante, los agentes han insistido en que vieron "prácticas anómalas" tras analizar las cuentas de los procesados.

Así, los abogados de varios exediles acusados han cuestionado a los funcionarios por documentos propuestos como prueba anticipada, aceptada por el Tribunal, fundamentalmente otros extractos de cuentas bancarias no analizados o de pagos con tarjeta de crédito, con el fin de justificar los escasos movimientos de dinero de sus cuentas y la conciliación de esos datos con los gastos corrientes, aludiendo a documentación aportada en este juicio para justificarlos.

Así, el letrado del exedil Vicente Manciles ha señalado errores en uno de los informes, en cuanto a las escrituras de unos inmuebles y también la participación de su cliente en una sociedad; aludiendo a determinada documentación. Al respecto, los policías han indicado que se estaban presentando "contraindicios y se pretende que nos pronunciemos en el acto". En su opinión, estos datos y esta documentación "debería haber sido cotejada en instrucción".

Los agentes han vuelto a indicar que, tras identificar las iniciales de los archivos de la sociedad Maras Asesores, vinculada al principal acusado, Juan Antonio Roca, y analizar la supuesta contabilidad que contienen, se realizaron informes con los documentos intervenidos y el análisis de las cuentas bancarias, en concreto la disposición de dinero, con el fin de determinar o "aflorar" la existencia de rentas ocultas o no y de "prácticas anómalas" en los acusados.

En este sentido, uno de los funcionarios de la Udyco-Costa del Sol que realizó parte de las pesquisas ha indicado que, por ejemplo, en el caso del que fuera edil andalucista Pedro Pérez, según la documentación de una cuenta bancaria analizada, "durante siete meses de un año no hay ningún reintegro en efectivo y en algunos casos meses consecutivos", indicando que eso es "anómalo para el investigador".

A nivel general, los funcionarios policiales han indicado que "cuando una persona obtiene rentas ocultas, la mejor manera de ocultar esas rentas es disponer de efectivo en su domicilio y con ese dinero ir pagando los gastos corrientes o comunes, muchos de ellos que no se pueden pagar con tarjeta".

En cuanto a la también andalucista María José Lanzat, los investigadores han señalado que hay operaciones bancarias "que pueden ser anómalas", explicando que supuestamente en un año "sólo hay una disposición de efectivo en las cuentas" y los pagos con tarjeta son en ese mismo año de 973 euros como montante total. Han considerado que los gastos comunes "han tenido que ser mayores" a esos reintegros.

También ha declarado el actual concejal de Urbanismo de Marbella, Pablo Moro, quien ha sido preguntado por las defensas sobre el urbanismo desde 2007. Éste ha señalado que de 18.000 viviendas irregulares, 16.500 "entran en el modelo del plan con posibilidad de normalización". De éstas, ha dicho que "debe haber normalizadas unas 1.000 unidades, con lo que quedan otras 15.500 todavía".

Ha manifestado que fuera del modelo del plan quedan 1.500 viviendas, "con lo que ahora no son legalizables", y de éstas, "500 unidades son más preocupantes", ya que están compradas por terceros de buena fe. Ha apuntado que cuando se aprobó de manera inicial el Plan General de Ordenación Urbana, en un pleno posterior "se acordó no hacer revisiones de licencias hasta la aprobación definitiva del planeamiento".