El Gobierno central ha rechazado los planes de ajuste acordados por los ayuntamientos de El Coronil y Osuna para acogerse al real decreto Ley 4/2012, gracias al cual el Estado financia las deudas contraídas por las administraciones con sus proveedores, a cambio de medidas de austeridad. La decisión ha despertado la "indignación" y las críticas de sus respectivos alcaldes, ambos del PSOE, porque estos planes de ajuste contaban con el visto bueno de la Intervención de cada uno de los ayuntamientos.

Jerónimo Guerrero, alcalde de El Coronil, ha manifestado a Europa Press que, tras este rechazo, residen "motivos políticos", pues "nuestro plan de ajuste cuenta con el informe positivo del interventor", toda vez que Rosario Andújar, alcaldesa de Osuna, cree "indignante" el rechazo de su plan de ajuste al haber gozado el documento del mismo aval. "No compartimos esta decisión y queremos averiguar las razones del rechazo", ha manifestado a Europa Press la primer edil de Osuna.

El coronil seguirá adelante con el plan

El alcalde de El Coronil, además, ha anunciado que seguirá adelante con las medidas contempladas en su plan de ajuste, dado que "está avalado por el interventor y son las medidas que, realmente, hay que tomar". Al respecto, ha explicado que ante una situación como esta, sería el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la institución que "se hace cargo de la deuda de los proveedores", aunque "no sabemos cómo nos cobrará el ICO este respaldo". Los ayuntamientos de Almensilla, Olivares y Valencina de la Concepción, el primero gobernado por IU-CA y los dos restantes por el PSOE, habrían visto también rechazados sus planes de ajuste, según las fuentes consultadas por Europa Press.

El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, había avisado ya de que Gobierno central habría "rechazado" entre el 30 y el 40 por ciento de los planes de ajuste promovidos por un total de 53 ayuntamientos de la provincia merced al real decreto Ley 4/2012.

Retención de la pie

En ese sentido, avisaba de que la no aprobación de estos instrumentos significa, para los ayuntamientos en cuestión, "la retención de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE)", un recurso financiero que constituye un verdadero "sustento" para las administraciones locales. Rodríguez Villalobos, en ese sentido, insistía en que entre el 35 y el 40 por ciento de los 19.000 millones de euros implicados en esta operación de financiación irá a las manos de "unas 20 grandes empresas".

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