El pleno de las Cortes de Castilla y León ha acordado este miércoles por unanimidad de todos los grupos rechazar "de plano" la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para suprimir un total de 25 partidos judiciales en la Comunidad Autónoma y pedir al Gobierno de España que en la reforma de la Ley de Planta y Demarcación tenga en cuenta los criterios de la Región y sus especifidades, como la dispersión de la población y la gran extensión territorial o la realidad socio-económica de este territorio.

Esta es la principal conclusión del debate de una proposición no de ley (PNL) sobre las oficinas judiciales, en origen dos presentadas por los grupos popular y socialista que finalmente han decidido apostar por el consenso e "ir de la mano" y "caminar juntos" para defender ante el Gobierno de la nación la equidad en la prestación de la Justicia en Castilla y León.

"Nuestras especifidades están ahí y no cabe café para todos", ha advertido la procuradora 'popular' Cristina Ayala, quien, tras reconocer que es necesario hacer cambios en Justicia, ha insistido en la necesidad de que se tengan en cuenta las peculiaridades de Castilla y León donde se está haciendo "más esfuerzo" por mantener hasta 3.500 consultorios locales y hasta 4 niños por aula en el objetivo de "llegar hasta el final" en la prestación de esos servicios, un esfuerzo que, a su juicio, se debe mantener también en Justicia.

Para la procuradora 'popular' este es precisamente el momento oportuno para que Castilla y León se pronuncie y deje claro en Madrid que la desaparición de los 25 partidos judiciales que propone el CGPJ "no nos vale".

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, ha destacado la voluntad de su grupo al apoyar una "proposición de mínimos" en comparación, según sus palabras, con lo que pedía el PSOE inicialmente, "en aras del consenso" y para trasladar al Gobierno la preocupación de la sociedad de Castilla y León ante el informe del CGPJ para suprimir 25 partidos judiciales ya que están en juego tanto el derecho a la Justicia como la actividad económica y los empleos de esas comarcas y de esos pueblos.

"Hay que hacer causa común y fijar una posición de Comunidad para defender lo que nos une, el derecho de los ciudadanos a acceder a la Justicia en equidad", ha argumentado Redondo, que ha advertido asimismo de que la medida que propone el CGPJ no ahorra ni un céntimo en Justicia en Castilla y León ya que un funcionamiento razonable de las oficinas judiciales necesita "una inyección económica y presupuestaria muy importante".

En su turno de réplica Redondo ha aclarado que la responsabilidad del PSOE se queda en el apoyo de esta PNL de "mínimos" de modo que si finalmente se suprime algún partido judicial será responsabilidad del PP, a lo que Ayala ha respondido sorprendida ante una riña después de haber llegado a un acuerdo que se ha negociado a lo largo de toda la mañana.

Acuerdo sin consultar al grupo mixto

Precisamente, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, de IU, ha afeado a ambos grupos, a los que se ha referido como "la pinza de Estado", que no le hayan informado de las conversaciones y de un acuerdo que ha conocido finalmente a través de la presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, a lo que Ayala y Redondo le han dado finalmente la razón.

Dicho esto, ha expresado su apoyo a la PNL consensuada para poder defender la capacidad de la Comunidad Autónoma en intervenir en el diseño del acercamiento de la Justicia a los ciudadanos, "una decisión que se intenta imponer desde Madrid" y respecto a la que ha expresado sus dudas de que haya podido ser negociada incluso con anterioridad al informe del CGPJ. "Tengo dudas de qué fue antes, si el huevo o la gallina", ha advertido González, quien tras recordar que Castilla y León no tiene competencias en Justicia, aunque las reclama, ha apelado al trabajo que se está llevando a cabo en la Región para intentar ordenar el territorio y ajustar los servicios a los ciudadanos a su realidad.

"En Castilla y León no sólo no tiene sentido cerrar juzgados por lo que supone desde el punto de vista económico y social es que además alejas la Justicia", ha concluido el portavoz del Grupo Mixto, que ha aprovechado la ocasión para recordar que tampoco se ha puesto en marcha el Tribunal de Instancia cuando hay un acuerdo generalizado para que así sea.