Los grupos con representación en el Parlamento gallego —PPdeG, PSdeG y BNG— piden por unanimidad a la Xunta que se dirija al Gobierno del Estado para que este, a su vez, negocie con la Comisión Europea (CE) "la resolución del procedimiento iniciado contra el sistema de arrendamiento fiscal español —el denominado 'tax lease'—".

Según ha denunciado una vez más en el hemiciclo el diputado nacionalista Henrique Vieitez, dicha investigación mantiene "paralizado" al sector de la construcción naval gallega. Lo ha aseverado en la primera jornada del pleno.

Tanto el parlamentario de la formación frentista, autor de la iniciativa, como el portavoz socialista en el debate, José Luis Méndez Romeu, han reprobado que el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, anunciase la posibilidad de presentar denuncias contra terceros países que sí cuentan con un sistema de bonificaciones fiscales.

"Déjenle a las centrales sindicales las movilizaciones. El Gobierno lo que tiene que hacer es gobernar", ha aseverado Henrique Vieitez, en alusión al llamamiento hecho en comisión parlamentaria por el director xeral de Industia, Ángel Bernardo Tahoces, para que se convoque una manifestación en Bruselas en contra del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia.

Por su parte, Méndez Romeu ha cuestionado el por qué de que Guerra esté "silencioso" ahora y ha criticado que proponga "abrir vías de litigiosidad" cuando se trata de una vía "en la que nadie confía y con plazos dilatados" en el tiempo -prolongación en el tiempo que también ha sido referida por Vieitez—.

En su turno, el parlamentario del PPdeG Pedro Arias ha señalado que "quien controlaba" las cuestiones relativas al 'tax lease' "hasta ahora" era "la alianza" entre socialistas y nacionalistas en Madrid. "¿Y quién la controla en Europa?", ha inquirido, para contestarse a sí mismo que el responsable de este tema es el comisario de la Competencia, "que es socialista".

A este respecto, ha sugerido a la oposición "utilizar los canales del enchufe" para ponerse en contacto con Almunia y ha expuesto la enmienda de sustitución del grupo popular, que, a su juicio, estaba "mejor" porque abarcaba "más" al incluir dos reclamaciones: "que no se reviertan las —ayudas— ya concedidas" y la creación de un fondo social para los trabajadores.

Texto aprobado

El texto de la proposición no de ley, que ha incorporado modificaciones de sendas enmiendas presentadas por PPdeG y PSdeG, demanda la resolución del conflicto "mediante un mecanismo pactado entre ambas partes —Ejecutivo central y CE—, que contemple de una forma expresa la no reversión" de las ayudas ya concedidas —como quería el PP— y "el carácter estratégico del sector naval".

Esto en un segundo punto, porque en un primer apartado la proposición no de ley que ha dado luz verde este martes la Cámara gallega insta al Estado a "solicitar de la Unión Europea que permita el mantenimiento del sistema de arrendamiento fiscal en la realización de contratos para la construcción de buques utilizado hasta ahora o, en todo caso, uno transitorio en tanto en cuanto no se resuelva el procedimiento iniciado".

Una tercera reclamación alude a la Comisión para exigirle "medidas y actuaciones más directas para proteger este sector ante la falta de un acuerdo internacional que logre eliminar las prácticas desleales y evitar situaciones de distorsión de competencia".

En cuarto lugar, la iniciativa solicita la "habilitación de mecanismos de financiación" para el naval, entre las que cita "la prórroga más allá de 2011" de las acciones del 'marco comunitario aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval'.

En quinto puesto, la proposición demanda la puesta en marcha de garantías para el mantenimiento de empleo, "evitando despidos precipitados al objeto de preservar los puestos de trabajo y retener la mano de obra altamente cualificada".

Por último, recoge una petición de "medidas directas y decisivas para fomentar la construcción de buques especializados y de alta tecnología".

Además, la iniciativa ha añadido, de la enmienda del PSOE, la reclamación al Ministerio de Industria de un "compromiso firme" en el diálogo con las empresas y agentes sociales y el impulso de la elaboración de una estrategia global para el sector "en el seno de la mesa del naval".