Los principales investigadores del caso 'Malaya', contra la presunta corrupción en Marbella (Málaga) han asegurado este martes que no fueron ellos los encargados de analizar si eran legales o no las resoluciones urbanísticas otorgadas a cambio de supuestos sobornos al principal acusado, Juan Antonio Roca; aunque han apuntado que "de esta investigación y de nuestra experiencia profesional le podemos decir que también por actos legales se paga".

Los dos agentes de la Udyco-Costa del Sol han vuelto a comparecer como testigos en esta sesión del juicio, las defensas han incidido en cuestionarles por los documentos que se utilizaron para elaborar los informes, en concreto si se estudiaron los expedientes urbanísticos; aunque los funcionarios han incidido en que fue la Agencia Tributaria la que se encargó de investigar el "avatar administrativo" y en que es el fiscal el encargado de la calificación jurídica.

A nivel general, uno de los investigadores ha explicado que "los mecanismo de corrupción van especializándose de la propia práctica diaria", apuntando que "en un primer momento se otorgaban licencias que contravenían de forma frontal todos los parámetros legales urbanísticos existentes", pero "llega un momento en el que el administrador publico dice por qué voy a tener que ir a declarar por acto ilícitos cuando puedo cobrar por actos lícitos".

"Los intereses generales no siempre tienen que estar encontrados con los intereses particulares, lo que sí contraviene o repugna es que se pueda recibir dinero por algo a lo que se tiene derecho", ha señalado, incidiendo en que no han realizado valoraciones jurídicas porque no les corresponde, sino que "relacionamos unas iniciales con un archivo contable y con un acto administrativo, que conlleva temporalmente una salida de fondos".

En este sentido, el otro agente se ha manifestado en el mismo sentido y ha considerado que "los modos de corrupción mutan en el tiempo", apuntando que "incluso se cobra y se paga por actos legales que siguen su tramitación, pero que con una buena disposición a cambio de dinero se acortan los plazos y se condene lo que en principio no debía concederse o se podía pero con un trámite que se obvia".

Respecto a los exediles, han indicado que en algunos casos hay resoluciones concretas y en otras no, pero han sostenido que existía "un acuerdo tácito entre los acusados, incluso cuando se deriven imputaciones judiciales repartirse las cargas de ir al juzgado"; de forma que "hay un concierto de voluntades previo que permite a juicio del investigador entender que todos los concejales están de acuerdo que al que le toque ir a esa comisión firmará según lo acordado".

En este punto, ha vuelto a explicar el concepto de "iguala" que supuestamente habrían tenido los entonces concejales, apuntando que "los cobros irán en función de ese acuerdo y no por acudir a la junta de gobierno". Cuando han sido cuestionados por los detalles de los informes o los documentos, ambos testigos han reiterado que no pueden contestar por no caer en contradicciones con los informes emitidos en su momento.

Asimismo, sobre los aportantes, supuestamente los empresarios, han indicado que de las investigaciones no se concluyen que conocieran el destino de los fondos que supuestamente entregaban al presunto cerebro de la trama de corrupción, ya que, han dicho, "el reparto de ese dinero era una decisión de Juan Antonio Roca Nicolás, el día y el momento". "Funciona como caja única", han aseverado los investigadores.

Las defensas han intentado atacar los informes realizados, tanto por la falta de pruebas como por la documentación utilizada para realizarlos; así como argumentar y justificar los ingresos de sus clientes durante los años investigados, con el fin de desvincularlos de supuestos pagos irregulares a cambio de la aprobación de resoluciones urbanísticas.

También ha declarado una escolta de la exalcaldesa Marisol Yagüe, quien ha ratificado que en verano de 2005 se dieron cuenta de que la entonces regidora estaba siendo objeto se seguimientos por vehículos con "placas reservadas", algo que relacionaron con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque no ha podido concretar de qué investigación se trataba.