Los 6.762 funcionarios de Justicia de la Comunidad de Madrid se verán sometidos a un estricto control horario desde el próximo 1 de junio. A partir de esa fecha, según anunció este martes la consejera regional de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, todos deberán fichar al llegar y al abandonar su puesto de trabajo.

A partir del control realizado, y una vez se estudien las cargas de trabajo en cada uno de los órganos judiciales de la región, la Comunidad procederá a reordenar los efectivos y a prescindir de personal interino, contratados temporales que cubren puestos de funcionarios y que actualmente representan el 22% del personal (1.537 trabajadores).

Los estudios empezarán antes del verano en las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid.

La medida forma parte del plan de actuación acordado por la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Fiscalía Superior y el Gobierno de Esperanza Aguirre para mejorar la Administración de Justicia.

Con el mismo, y solicitando ayuda al Gobierno central para realizar determinadas modificaciones legales, las tres instituciones buscan mejorar la planta judicial de Madrid y poner soluciones al colapso de los juzgados. Todo ello, como reza el informe presentado este martes, con el mínimo coste posible o reduciendo gastos, si es posible.

El plan, que cuenta con 80 propuestas, fue respaldado por el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, y por el fiscal superior, Manuel Moix, que destacaron que a la obsolescencia de los edificios en los que están los juzgados se une la dispersión de los órganos por toda la región y la carencia, cuando no mala distribución, de los recursos.

Entre las ideas que las tres instituciones trasladarán a los sindicatos y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se encuentran algunas de orden interno como la superación del partido judicial clásico, el avance en la administración electrónica, la división de las jurisdicciones Civil y Penal o el replanteamiento de la función de la justicia de Paz.

Pero también hay recortes. Además de los mencionados en lo referente al personal interino, la Comunidad quiere eliminar horas de refuerzo (55 jornadas completas) y prolongaciones de jornada (215), que el Ejecutivo paga por tratarse de gastos de personal.

El documento presentado este martes plasma también una pretensión en la que Esperanza Aguirre ha hecho especial hincapié  en los últimos tiempos: la reducción de la Justicia gratuita -cuyo coste, 44 millones en 2011, también sufraga la Comunidad de Madrid- a los casos realmente imprescindibles y una disminución del dinero que reciben los abogados de oficio por ejercer la representación de estos clientes sin recursos.

La Comunidad es partidaria, además, de reducir el tiempo de apertura de los edificios judiciales más allá del horario de servicio al público, lo que permitiría a los trabajadores conciliar la vida laboral y familiar, además de un nuevo ahorro económico. También quiere impulsar la factura judicial informativa, que, como ya ocurre en la Sanidad regional, permite a la Administración decirle al ciudadano cuánto cuesta el servicio al que ha tenido acceso.

El ajuste llega al Campus de la Justicia, el proyecto -hoy paralizado por falta de fondos- mediante el cual se reunificarán las grandes sedes judiciales en una sola parcela en Valdebebas (Madrid capital). La Comunidad busca inversores privados para acometer las obras.

La Comunidad, el TSJM y la Fiscalía coinciden en que la Justicia madrileña necesita medidas urgentes que la saquen del atolladero, incluyendo una bolsa de trabajo para interinos cualificada y especializada.

En la actualidad, Madrid tiene 21 partidos judiciales y 158 juzgados de paz. En 2011 entraron en los juzgados regionales 1,49 millones de asuntos, cifra solo superada por Andalucía, una autonomías con 2,4 millones más de habitantes.

Cada juez madrileño tiene asignada una media de 2.914 asuntos al año, la mayor carga de trabajo de España. Eso, cuando la región está por debajo de la media en número de discales por habitante y por juez y es la penúltima en secretarios judiciales por juez.

En cuanto a la nueva Oficina Judicial, el ministro de Justicia anunció este lunes en la Conferencia Sectorial la creación de un grupo de trabajo en esta materia a la que se ha incorporado la Comunidad de Madrid. Además, Plañiol ofreció a la región como banco de pruebas y para crear oficinas desplazadas en los centros penitenciarios.