El nuevo consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, el pacense Emilio de Llera Suárez-Bárcena, ha sido la principal sorpresa del nuevo gabinete de José Antonio Griñán, que ha optado para esta responsabilidad para un fiscal ajeno a la política y que ha desarrollado su actividad profesional principalmente en Sevilla.

La Consejería de Justicia e Interior, de nueva creación, hereda las competencias de Justicia vinculada a la extinta Consejería de Gobernación, junto a las de Política Interior, Emergencias, Espectáculos, Violencia de Género y Políticas Migratorias.

Nacido en Badajoz en 1951, el nuevo titular de Justicia e Interior es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Ingresó en la carrera fiscal en 1979 y ha desarrollado su carrera en las Audiencias de Bilbao, Badajoz y Sevilla, donde se trasladó en 1983 y actualmente desempeñaba el cargo de Fiscal Decano de la Fiscalía Provincial.

En cuanto a su actividad docente e investigadora, De Llera ha sido profesor del Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla y del Instituto Interuniversitario Andaluz de Criminología. Autor de manuales, monografías y trabajos científicos en materias tanto procesales como policiales, ha participado en distintos planes de formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Unidades de Policía Judicial.

Asimismo, es co-director de la web Servicio Integrado de Actuación Policial (Siapol), que utilizan tanto el Cuerpo Nacional de Policía como policías locales y autonómicas.

Especializado en delitos económicos, Emilio de Llera fue representante de la Fiscalía General del Estado en la Comisión de Estudio y Coordinación para la puesta en marcha de juicios rápidos con vistas a la Exposición Universal de 1992. En 2005 formó parte del órgano de asesoramiento técnico del Ministerio de Justicia para reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El nuevo consejero de Justicia e Interior ha intervenido en distintos programas internacionales de cooperación judicial y policial de la ONU, la Comisión Europea y la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica. En 1993 el Ministerio de Justicia le otorgó la Cruz Distinguida de I Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, con la que se reconoce el trabajo de los miembros de la Administración de Justicia. El mismo año recibió la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco.