José Miguel Tolosa toma posesión como secretario general de la Delegación de Gobierno

El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, ha presidido el acto de toma de posesión de José Miguel Tolosa Polo como nuevo secretario general de la Delegación.
José Miguel Tolosa Toma Posesión Como Secretario General De La Delegación
José Miguel Tolosa Toma Posesión Como Secretario General De La Delegación
DELEGACIÓN DE GOBIERNO
José Miguel Tolosa Toma Posesión Como Secretario General De La Delegación

Sus funciones serán, entre otras, la dirección de los servicios comunes de la Delegación, de los servicios encargados de las relaciones con otras Administraciones Públicas y con los ciudadanos y de las unidades responsables en materia de derechos ciudadanos, procesos electorales, autorizaciones administrativas y protección civil, según informa la Delegación de Gobierno en un comunicado.

José Miguel Tolosa Polo es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y desde 1987 pertenece a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico. Entre los años 1987 y 2012 ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en las áreas jurídicas de las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Barcelona, Zaragoza y Cantabria.

En el periodo comprendido entre septiembre de 2003 y mayo de 2008 desempeñó el puesto de Jefe de la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en Cantabria, coordinando bajo su dirección toda la tramitación de los expedientes correspondientes a autorizaciones de trabajo y residencia y autorizaciones de residencia, expedientes sancionadores y de expulsión, solicitudes de asilo y, en general, todas aquellas funciones relativas a las situaciones administrativas que afectan a los ciudadanos extranjeros en España.

Desde el año 2000, y mientras ha estado destinado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria, ha sido habilitado por la Dirección General del Servicio Jurídico del Ministerio de Justicia como Abogado sustituto del Abogado del Estado en el Servicio Jurídico del Estado en Cantabria, teniendo encomendada la defensa jurídica de los intereses del Estado en todos aquellos procedimientos contencioso administrativos entablados frente a las resoluciones sancionadoras en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

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