Sepca interpone una demanda contra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) por impedirle negociar

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha anunciado que interpondrá este martes su primera demanda contra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) por la vulneración de derechos fundamentales (derecho a la libertad sindical), ya que acusan al equipo de gobierno municipal de impedirles estar en la mesa de negociación del Consistorio.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha anunciado que interpondrá este martes su primera demanda contra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) por la vulneración de derechos fundamentales (derecho a la libertad sindical), ya que acusan al equipo de gobierno municipal de impedirles estar en la mesa de negociación del Consistorio.

Desde Sepca se ha asegurado que cuentan con la representación suficiente para estar en la mesa de negociación "tal y como se reconoce en el propio reglamento de funcionamiento de la referida mesa", según informó en un comunicado.

Por ello, para el sindicato este hecho supone un ataque a la libertad sindical de la organización y a "una falta de respeto" a los trabajadores que dieron su confianza a Sepca para que los representaran en esa mesa.

Asimismo, critican que este acto de "vulneración de valores constitucionales ha contado con la complicidad de 'compañeros' liberados de los sindicatos CCOO y CSIF, que no se han manifestado en contra de tal decisión, a cambio de poder seguir disfrutando de favores, tales como poder elaborar la relación de puestos de trabajo a espaldas de las demás organizaciones sindicales (Intersindical Canaria, Sepca, UGT y Sí Canarias)".

Además, aseguran que lo han hecho "sin contar con los trabajadores afectados y con una asesoría adecuada como podría ser la propia de la Dirección General de la Función Pública (que al fin y al cabo es la encargada de dar el correspondiente visto bueno definitivo a la RPT)", y "a cambio cuentan con una asesoría particular", lo que implica un "importante gasto adicional" al Ayuntamiento.

Finalmente, se indicó que se exigirá la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados, y añadió que a la demanda de vulneración de los derechos fundamentales le seguirá una segunda por el procedimiento ordinario donde también solicitarán indemnizaciones y la adopción de medidas cautelares.

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