Los sindicatos recurrirán al Supremo la imposición de las 37,5 horas a los funcionarios

Imagen de archivo de una enfermera poniéndole una inyección a un anciano .
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Imagen de archivo de una enfermera poniéndole una inyección a un anciano .

Comisiones Obreras, UGT, CSIT-Unión Profesional y CSI-CSIF interpondrán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que desestima la demanda sindical contra la jornada laboral de 37,5 horas para los empleados públicos impuesta por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Las cuatro organizaciones sindicales han coincido este lunes en que, aunque el TSJM haya desestimado su recurso, el presidente de la Sala de lo Social de ese Tribunal ha emitido un voto particular que "ampara" la demanda sindical y "se identifica con nuestras tesis", dijo el secretario general de Administración Autonómica de CCOO, Javier Díaz Toril.

La reforma legal, recuerdan los sindicatos, no fue negociada en ninguna mesa sectorial, ya que la Administración únicamente informó de sus planes a las centrales, sin darles opción a presentar otras medidas. Solo los sindicatos sanitarios dieron el 'sí' a la propuesta.

Según CSIT-UP, este magistrado entiende que debía haberse elevado cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional al considerar que la disposición adicional primera de la Ley de Acompañamiento por la que se amplía la jornada del personal laboral de la Comunidad a 37,5 horas "vulnera claramente" tanto el derecho a la negociación colectiva como el fundamental a la libertad sindical.

Ausencia de negociación

Para el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Madrid, Santiago Tamame, el voto particular emitido entiende igualmente que la citada disposición supone una "invasión" por parte de la Asamblea de Madrid, el órgano que aprobó el nuevo horario, de una competencia "exclusiva" del Estado fundamentándolo en varias sentencias del Constitucional.

Las organizaciones sindicales han criticado la "ausencia de negociación" por parte del Gobierno regional y la "imposición" de condiciones de trabajo que suprimen derechos adquiridos y pactados.

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