Ordenan la continuación de las investigaciones del caso Hiconsa por el procedimiento abreviado

El titular del Jugado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ayamonte (Huelva) ha dictado un auto judicial por el que ordena la continuación de las diligencias del caso Hiconsa, en el que están presuntamente implicados el exalcalde de Cartaya socialista Juan Antonio Millán, y el exprimer teniente de alcalde, Miguel Novoa, "por los trámites del procedimiento abreviado".

El titular del Jugado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ayamonte (Huelva) ha dictado un auto judicial por el que ordena la continuación de las diligencias del caso Hiconsa, en el que están presuntamente implicados el exalcalde de Cartaya socialista Juan Antonio Millán, y el exprimer teniente de alcalde, Miguel Novoa, "por los trámites del procedimiento abreviado".

Según reza en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez establece la necesidad de continuar la investigación de las cinco personas implicadas en este posible caso de corrupción urbanística por si los hechos que se les imputan "fueren constitutivos de delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio".

El caso se reabrió en octubre porque la sala consideró que lo instruido es "insuficiente" para archivar el caso, ya que a su parecer "faltan indagaciones de interés y no puede todavía razonarse que los hechos, algunos cuya existencia no se discute, deban considerarse en todo caso, no punibles".

La denuncia del caso Hiconsa fue presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA, que están personados como acusación popular. En la trama del caso estarían implicados el ex alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán; el ex primer teniente de alcalde, Miguel Novoa; un arquitecto; el administrador de Hiconsa y la esposa de Novoa.

A juicio de la oposición, la reapertura del caso Hiconsa permitirá investigar, entre otros aspectos, si era correcta o no la valoración de los terrenos donde Hiconsa ha construido un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población. Dicha valoración fue hecha por el arquitecto denunciado y ha sido cuestionada por otra alternativa encargada por la oposición a otro profesional de la arquitectura. Según esta última valoración, el Ayuntamiento de Cartaya habría perdido 3,5 millones de euros en esa operación urbanística.

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