Regantes aplauden que el Gobierno recupere la competencia sancionadora de cuencas hidrográficas intercomunitarias

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha aplaudido la aprobación este viernes del Decreto Ley de Medidas Urgentes de Medio Ambiente, que deroga las modificaciones introducidas en agosto del pasado año en el artículo 94 de la Ley de Aguas, en virtud de las cuales se facultaba a las comunidades de Cataluña, Aragón y Andalucía a asumir determinadas competencias sobre las comisarías de agua.
EMBALSE ENTREPEÑAS Y BUENDIA
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EUROPA PRESS
EMBALSE ENTREPEÑAS Y BUENDIA

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha aplaudido la aprobación este viernes del Decreto Ley de Medidas Urgentes de Medio Ambiente, que deroga las modificaciones introducidas en agosto del pasado año en el artículo 94 de la Ley de Aguas, en virtud de las cuales se facultaba a las comunidades de Cataluña, Aragón y Andalucía a asumir determinadas competencias sobre las comisarías de agua.

De este modo, ha afirmado que la vulneración de competencias estatales que venían protagonizando las diferentes comunidades autónomas en materia de aguas forma ya "parte de la historia" y ha confiado en que este tipo de episodios que, a su juicio, "obedecen a intereses políticos no vuelvan a repetirse".

Del Campo ha recordado que con esta determinación se cumplen todos los requisitos de legalidad vigente "zanjando cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración Central en la gestión de las cuencas intercomunitarias".

En su opinión, este paso "decidido" de la Administración representa una "defensa férrea" de los principios de unidad de gestión y cuenca —reconocidos en la Directiva Marco de Aguas (DMA) y en la Constitución—, garantizando que la coordinación y el reparto de los recursos hídricos se lleve a cabo teniendo en cuenta el interés general.

Para Del Campo, "esta modificación de la Ley de Aguas no era más que una nueva vía ideologizada para que las autonomías pudieran territorializar la gestión de los ríos amparándose en una argucia jurídica aprobada con agostidad y alevosía y, lo que es más grave, burlando las sentencias del Constitucional y Supremo que anulaban la potestad de Andalucía y Castilla y León sobre los ríos Guadalquivir y Duero, respectivamente".

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