La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acordado la declaración del secuestro de la concesión de la gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros de la ciudad, así como la incoación del procedimiento de imposición de penalidades a la entidad mercantil Urbanos Amarillos por la "deficiencia e incumplimientos" de las obligaciones contractuales en la prestación del servicio.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo (PP), quien ha informado de que en el momento que el gestor municipal se haga cargo de la empresa, la huelga de los autobuses urbanos quedará desconvocada, de manera que habrá autobuses durante la Feria del Caballo, que arranca el próximo lunes.

La regidora ha señalado que esta decisión se adopta porque "desde que el pasado 7 de mayo de 2011 el anterior gobierno del PSOE le otorgara el contrato definitivo del transporte urbano", la empresa Urbanos Amarillos "no ha cumplido con lo establecido en dicho contrato". Por ello, ha querido pedir "disculpas" a los usuarios y a los trabajadores, que "han sufrido y siguen sufriendo una situación muy difícil", al tiempo que ha garantizado que con esta decisión "va a haber un antes y un después en la situación del transporte colectivo de la ciudad".

Según detalla, el secuestro de la concesión supone que el contrato sigue vigente —tiene una duración de 15 años y que los trabajadores siguen dependiendo de Urbanos Amarillos y no del Ayuntamiento—, con lo que la empresa "tiene que seguir asumiendo las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones".

Así las cosas, será un funcionario municipal, que actuará como interventor, el que se hará cargo de la gestión de la empresa a partir del próximo lunes, toda vez que se ha dado un plazo de dos días naturales a la empresa para que responda a la notificación de secuestro decretada por la Junta de Gobierno. Una vez pasado ese plazo, se tendrá que celebrar una Junta de Gobierno Local extraordinaria que acordará el secuestro y nombrará al interventor municipal.

El secuestro se realizará por el plazo máximo legal de dos años, si bien la empresa puede retomar el control una vez certifique que está en condiciones de hacerlo garantizando la prestación del servicio tal y como aparece recogido en el contrato firmado con el Ayuntamiento.

Por otro lado, se ha acordado la incoación del procedimiento de imposición de penalidades a la entidad mercantil Urbanos Amarillos por la deficiencia e incumplimientos de las obligaciones contractuales en la prestación del servicio. Concretamente, se han establecido cinco incumplimientos que el Ayuntamiento considera "muy graves".

Así, alude a la "falta de prestación del servicio público; el incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores en cuanto al impago de la nómina y la falta de respeto; la no renovación de la flota de autobuses; el incumplimiento del mantenimiento de la flota de autobuses; la falta de inversiones en los servicios auxiliares; falta de dotación de uniformidad a la plantilla y el no sustituir al personal de baja laboral".

Por cada uno de estos incumplimientos se pide una penalización del 15 por ciento del montante anual del contrato, lo que supondría alrededor de tres millones de euros, aproximadamente.