El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha denunciado este lunes que la Junta de Andalucía ha "ocultado" al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, tramitados por la Administración andaluza, un total de 21 partidas presupuestarias modificadas por el Consejo de Gobierno entre los años 2005 y 2011, —por un importe de más de 200 millones de euros—, una información que la juez Mercedes Alaya había requerido al Gobierno andaluz en uno de sus auto.

En rueda de prensa, Sanz ha explicado que su formación ha registrado un escrito ante dicho juzgado para solicitar a la instructora del caso que exija al Gobierno andaluz que cumpla con los autos emitidos relacionados con la remisión de información sobre modificaciones presupuestarias, "que implican presuntamente al Ejecutivo andaluz en la aprobación del fondo de reptiles y ERE, que están siendo investigados".

El PP andaluz ha trasladado a la Justicia un documento en el que incluyen estas 21 partidas presupuestarias, en relación a transferencias de financiación realizadas por parte de las Consejerías de Empleo y de Innovación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por importe de 201 millones de euros, —81 en partidas de detrimento y 120 millones en partidas de incremento—.

Si bien, según ha destacado el 'número dos' del PP andaluz, solo dos de estas partidas corresponden a la llamada '31L', "conocida como fondo de reptiles". Una de ellas con un importe de seis millones de euros y otra de 300.000 euros. "Todo ello, pese a que el PSOE negara tajantemente que existieran partidas de la 31L que no hubieran sido trasladadas al juzgado", ha añadido Sanz. PP-A

También demanda información entre 2001 Y 2004

De igual modo, ha anunciado que su formación también ha enviado otro escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que solicita que no solo sean enviadas a la Justicia las modificaciones presupuestarias realizadas por el Consejo de Gobierno, en transferencias al IFA e IDEA, entre los años 2005 y 2011, tal y como determinó la juez que lleva el caso, "al entender que los informes de cumplimiento de la Intervención solo estaban a partir de 2005".

Sanz ha indicado que el PP-A ha demandado también que la Junta envíe las modificaciones presupuestarias realizadas entre los años 2001 y 2004, "después de que Antonio Fernández dijera en su declaración que entiende que Viera consultó la elaboración y firma del convenio porque inmediatamente en este ejercicio presupuestario por parte de la Consejería de Empleo, autorizada por la Consejería de Hacienda, se hizo la transferencia al IFA con el visto bueno de la Intervención de más de 13.000 millones de pesetas".

"Estimamos desde el PP-A, que esta declaración que hace Fernández de las modificaciones presupuestarias, que vinculan directamente con los ERE y los fondos de reptiles, acreditan el conocimiento de todo el Consejo de Gobierno del procedimiento que se seguía del fondo de reptiles y del sistema que esta operando y, por ello, como Fernández ha aclarado el montante de las modificaciones afectaban a más de 13.000 millones de pesetas, vamos a volver a reclamar que se incluyan todas las modificaciones presupuestarias desde julio del 2001", ha manifestado.

Al hilo de ello, el dirigente 'popular' ha indicado que su partido también ha puesto en conocimiento del Juzgado una instrucción de la Intervención de la Junta, realizada en el año 2003, en la que se dictan criterios para la fiscalización de las transferencias de financiación a las empresas públicas de la Junta. Así, según ha apuntado, "se dice que se han detectado en los informes de control financiero realizados a empresas públicas deficiencias y contradicciones entre el expediente administrativo y la realidad económica y contable de tal expediente en el seno de la empresa afectada".

Ve "sospechoso" el nombramiento del consejero de justicia

De otro lado, preguntado por el nombramiento del nuevo consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera Súarez-Bárcenas, fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla, el secretario general del PP-A lo ha considerado "sospechoso" y posiblemente relacionado por la "preocupación" del Gobierno andaluz en relación al caso de los ERE. "Se trata de una reacción sospechosa que viene unida a la participación que puede haber tenido en relación a esta investigación, lo que amplía la sombra de sospecha", ha asegurado.

Para el secretario general del PP-A, el Gobierno andaluz ha querido "blindarse", cuando el cerco de las posibles responsabilidades "cada día se estrecha más". No obstante, ha apuntado que su partido estará "vigilante" y exigiendo "limpieza y transparencia" en esta materia. Asimismo, ha anunciado que el PP andaluz está trabajando en el desarrollo de una "tercera clave" en la configuración del gobierno, siendo la primera y segunda de ellas "el reparto de poder y la confrontación".

Sanz, que no ha querido dar más detalles sobre esta posible "tercera clave", ha dicho que está vinculada "al intento de blindarse y salvarse de las responsabilidades" que podría conllevar la investigación del caso de los ERE. "Ya iremos informando sobre esta cuestión", ha concluido el 'número dos' de los 'populares' andaluces.