Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran "sensata" la recuperación de las labores de policía de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias, como contempla el Real Decreto de Medidas Urgentes aprobado por el Gobierno en materia de medio ambiente.

En cualquier caso, creen que el texto aprobado este viernes supone "un retroceso" en protección ambiental ya que el texto —que modifica la legislación actual sobre agua, residuos y otras materias— "es una burla a la transparencia y participación".

En un comunicado conjunto, las organizaciones ecologistas denuncian que el documento "incumple la normativa relativa al acceso a la información y participación pública" así como las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, al haberse tramitado el Real Decreto-Ley por el Ministerio "en el más absoluto secretismo".

En este sentido, consideran que el alcance de las modificaciones introducidas "requería cumplir con los todos mecanismos de participación pública establecidos". Además, estiman que el carácter de urgencia "no se justifica por el carácter de las medidas aprobadas".

Así, en materia de agua, el real decreto establece, entre otras medidas, mecanismos para la venta directa de agua entre particulares en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, una medida que, a juicio de las organizaciones, "incrementará la presión sobre un acuífero ya sobreexplotado". Además, recuerdan que esta iniciativa se ha puesto en práctica "en dos ocasiones por diferentes gobiernos y el resultado siempre ha sido muy negativo".

El texto del Real Decreto también hace referencia, en este mismo ámbito del Alto Guadiana, a las aguas privadas por lo que las organizaciones alertan de "que haya cesiones de agua que antes no se usaba, o bien que se legitimen situaciones de explotación ilegal".

En materia de residuos, los ecologistas denuncian "el cierre a la puerta" del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) que, a su juicio, significa "un retroceso de 20 años"; mientras que en espacios naturales protegidos, las organizaciones afirman que lo "realmente necesario" es que se cumpla la normativa existente, "ampliamente incumplida por muchas administraciones, en especial las comunidades autónomas".